Microsoft enfrenta multa de 2.000 millones de euros por parte de la UE

La Unión Europea intensifica sus medidas contra Microsoft por no responder a una solicitud de información sobre sus herramientas de inteligencia artificial.

La Unión Europea (UE) ha intensificado sus acciones contra Microsoft tras la falta de respuesta de la compañía a una solicitud de información (RFI) sobre sus herramientas de inteligencia artificial. Esta medida se toma en un momento crítico, ya que las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán el próximo mes.

  1. Solicitudes de información: En marzo, la UE solicitó a Microsoft información relacionada con los riesgos electorales que podrían derivarse de las funciones de inteligencia artificial de su motor de búsqueda Bing, incluyendo su chatbot de IA, Copilot y el generador de imágenes.
  2. Nuevo plazo: Tras la falta de respuesta inicial, la UE estableció un nuevo plazo para el 27 de mayo. En esa fecha, se evaluará la información proporcionada para determinar si es necesario un escrutinio adicional.
  3. Posibles sanciones: Si Microsoft no cumple con este nuevo plazo o proporciona información incompleta o engañosa, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de sus ingresos anuales globales, que en su último reporte ascendieron a 211.000 millones de dólares.

En respuesta a las acciones de la UE, Microsoft ha declarado que está «cooperando plenamente con la Comisión Europea» y que está «profundamente comprometido en crear experiencias seguras en línea y en trabajar con los reguladores en este importante tema».

La imposición de una multa de esta magnitud subraya la determinación de la UE para garantizar la transparencia y la seguridad en el uso de herramientas de inteligencia artificial, especialmente en un contexto tan sensible como el de las elecciones. La colaboración entre las grandes tecnológicas y los reguladores es crucial para mitigar posibles riesgos y asegurar un entorno digital seguro y confiable para todos los usuarios.

Esta situación también pone de manifiesto la creciente vigilancia de la UE sobre las prácticas de las grandes empresas tecnológicas y su disposición a imponer sanciones significativas para garantizar el cumplimiento de sus normativas.

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