Templus ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Real Decreto que regulará los centros de datos en España y reclama al Gobierno que retire el texto y abra un nuevo proceso de diálogo con la industria. El operador acompaña esta petición con 23 alegaciones concretas, entre ellas proteger los proyectos que ya disponen de permisos de acceso y conexión, elevar de 1 a 10 MW el umbral de aplicación y revisar las obligaciones de cobertura renovable. La posición se suma a las críticas que están planteando otros operadores, inversores y administraciones tras finalizar el 10 de septiembre el periodo de audiencia pública.
Las claves de las alegaciones de Templus en 20 segundos
- Templus solicita retirar el proyecto y redactar un nuevo marco con participación de la industria.
- La compañía ha presentado 23 alegaciones además de su enmienda a la totalidad.
- Propone elevar de 1 a 10 MW el umbral general de aplicación.
- Pide proteger los proyectos que ya tienen permisos de acceso y conexión.
- El suministro renovable y su adicionalidad concentran buena parte de las discrepancias.
El texto que ha provocado esta reacción todavía no es una norma aprobada. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió el 27 de agosto la audiencia pública del proyecto y terminó ampliando el plazo de presentación de documentación hasta las 17:00 horas del 10 de septiembre. Ahora corresponde analizar las alegaciones y, en su caso, modificar el documento antes de continuar su tramitación.
El Gobierno justifica la intervención por el rápido crecimiento de las solicitudes de capacidad eléctrica. Según los datos publicados por MITECO, desde finales de 2023 el gestor de la red de transporte ha concedido a centros de datos más de 6 GW de capacidad de acceso, mientras que en las redes de distribución se habrían otorgado alrededor de otros 6 GW desde 2020.
La magnitud explica parte del debate. España quiere atraer centros de datos, infraestructura cloud y capacidad para inteligencia artificial, pero el Gobierno considera necesario evitar que esa demanda comprometa capacidad eléctrica necesaria para otros usos o termine aumentando los costes del sistema.
Templus comparte los objetivos generales de sostenibilidad y soberanía, pero cuestiona la manera elegida para alcanzarlos.
De 1 a 10 MW: Templus cuestiona el alcance de la norma
El proyecto establece como regla general que sus obligaciones se apliquen a centros de datos cuya potencia de acceso sea igual o superior a 1 MW.
MITECO justifica ese límite porque considera que a partir de esa potencia la demanda tiene una incidencia apreciable sobre la red y sobre recursos como el agua y el territorio. El Gobierno utiliza además potencia de acceso, y no potencia informática, porque el recurso que pretende ordenar es precisamente la capacidad disponible de las redes de transporte y distribución.
Templus propone elevar el umbral hasta 10 MW.
La diferencia es considerable. Un límite de 1 MW incluye instalaciones regionales y centros de proximidad relativamente pequeños, mientras que elevarlo a 10 MW dejaría fuera de buena parte del nuevo régimen a muchas instalaciones de menor escala.
Esta cuestión afecta especialmente al modelo de Templus. La compañía opera una red distribuida de centros regionales y durante 2026 ha continuado ampliando instalaciones en mercados como Barcelona, Valencia y Málaga. En mayo inauguró en L’Hospitalet de Llobregat un campus que suma 10 MW entre dos centros interconectados y presta servicio a más de 200 empresas.
La petición de Templus no se limita al tamaño. También reclama proteger los proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión, evitando que una nueva regulación altere las condiciones sobre las que se planificaron inversiones anteriores.
Aquí aparece uno de los conflictos jurídicos más importantes.
El proyecto establece que los requisitos se aplicarán a centros que se conecten después de la entrada en vigor del futuro Real Decreto. Para parte del sector, eso puede alcanzar proyectos que llevan años desarrollándose, han invertido dinero y ya cuentan con permisos, pero todavía no se han conectado.
Templus considera que esta situación genera inseguridad jurídica y puede afectar a inversiones actualmente en curso.
La preocupación no es exclusiva de la compañía. Spain DC y otros actores del sector han planteado argumentos similares, mientras el Gobierno de Aragón ha solicitado una revisión integral de la propuesta por su posible impacto sobre proyectos que ya se están tramitando.
El debate renovable va más allá de contratar electricidad verde
La energía concentra probablemente la mayor diferencia entre el Gobierno y la industria.
MITECO quiere que los nuevos centros de datos respalden con nueva generación renovable el 80 % de su consumo energético en cada hora de funcionamiento. La propuesta combina así dos conceptos: adicionalidad y correlación horaria.
No es equivalente a comprar anualmente tanta electricidad renovable como consume el centro.
Un centro de datos funciona las 24 horas y mantiene una demanda relativamente estable. Una planta solar produce durante determinadas horas y su generación cambia según la época del año y las condiciones meteorológicas.
La correlación horaria obliga a aproximar generación renovable y consumo en cada periodo, mientras que la adicionalidad busca que ese consumo esté respaldado por nueva capacidad renovable, en lugar de limitarse a contratar instalaciones que ya existían.
Templus cuestiona este planteamiento.
Ignacio T. Velilla, CEO y cofundador de la compañía, ya había criticado públicamente antes de presentar las alegaciones la obligación de asociar nueva generación renovable al consumo de los centros. Su argumento es que España registra periodos en los que existe generación renovable que no puede integrarse y que una demanda estable como la de estas instalaciones puede contribuir a utilizar parte de esos excedentes.
El Gobierno analiza el problema desde otro ángulo. Sostiene que disponer de excedentes renovables durante determinadas horas no garantiza energía renovable suficiente durante todas las horas del año. Si una demanda intensiva y constante crece más deprisa que la nueva generación y el almacenamiento, podría aumentar la necesidad de generación con gas en determinados periodos.
Ambos argumentos pueden coexistir técnicamente: un sistema eléctrico puede registrar vertidos renovables unas horas y necesitar generación firme otras.
Por eso el verdadero desacuerdo está en si la obligación planteada es proporcional y técnicamente viable para los centros de datos o si existen mecanismos más flexibles para conseguir el mismo objetivo.
Qué pide Templus frente al proyecto actual
| Cuestión | Proyecto sometido a audiencia | Posición planteada por Templus |
|---|---|---|
| Tramitación | Continuar el Real Decreto tras la audiencia | Retirar el proyecto y reabrir el diálogo |
| Umbral general | Desde 1 MW de potencia de acceso | Elevarlo a 10 MW |
| Proyectos previos | Puede alcanzar instalaciones conectadas después de su entrada en vigor | Proteger proyectos con permisos ya concedidos |
| Renovables | Adicionalidad y correlación horaria | Revisar/eliminar la exigencia de adicionalidad planteada |
| Sostenibilidad | Requisitos energéticos e hídricos | Mantener objetivos con condiciones proporcionadas |
| Regulación | Marco específico español | Mayor alineación y coordinación con el marco europeo |
Templus formula estas peticiones dentro de sus 23 alegaciones y mantiene como petición principal la retirada del proyecto.
Rafael Castrillo reclama una regulación construida con la industria
Rafael Castrillo Maortua, director de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio de Templus, ha defendido públicamente en LinkedIn que la discusión no debe interpretarse como un rechazo de la industria a las exigencias ambientales.
Su posición es que una regulación orientada a mejorar la sostenibilidad no debería comprometer la competitividad digital española ni crear incertidumbre sobre inversiones que ya estaban comprometidas.
Castrillo reclama un nuevo proceso de diálogo para elaborar un marco que considere equilibrado y eficaz y que se desarrolle conjuntamente con la industria de centros de datos.
Es una distinción importante porque el propio proyecto del Gobierno parte de una valoración positiva del sector.
MITECO define los centros de datos como infraestructuras necesarias para la digitalización de la economía y reconoce que la ubicación, conectividad y disponibilidad de renovables ofrecen a España una oportunidad para atraer estas inversiones.
La disputa no está, por tanto, en decidir si España necesita centros de datos. Está en cuántos pueden conectarse, bajo qué condiciones y quién asume los costes adicionales que su demanda pueda generar sobre la red eléctrica.
Ignacio T. Velilla resume la posición de Templus desde otro ángulo. El consejero delegado afirma que la compañía comparte los objetivos de «sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital», pero reclama una regulación que sea técnicamente viable y compatible con la inversión y la competitividad del país.
La propia Templus ya había advertido antes del cierre de alegaciones de que, a su juicio, el proyecto colocaría al mercado español en desventaja respecto a otros países europeos.
Sostenibilidad y competitividad no son necesariamente objetivos opuestos
El enfrentamiento regulatorio plantea una cuestión más amplia para la infraestructura digital española.
Los centros de datos necesitan grandes cantidades de electricidad, disponibilidad de red, suelo, conectividad y, dependiendo de su diseño, agua. Al mismo tiempo, son la infraestructura física sobre la que funcionan servicios cloud, plataformas digitales y una parte creciente de las cargas de inteligencia artificial.
España reúne algunas condiciones particularmente favorables: disponibilidad de generación renovable, conexiones internacionales de fibra, posición geográfica entre Europa, África y América y un mercado en rápida expansión.
Pero disponer de generación renovable abundante no resuelve automáticamente el problema eléctrico.
Una cosa es producir suficientes megavatios hora durante un año y otra poder entregarlos en el lugar y momento donde se necesitan, con suficiente capacidad de transporte, distribución, almacenamiento y respaldo.
Desde una perspectiva independiente de infraestructura cloud, este es uno de los puntos que conviene preservar en el debate. Para operadores como Stackscale, cofundada por David Carrero Fernández-Baillo y especializada en infraestructura de cloud privado, la disponibilidad de centros de datos y capacidad eléctrica forma parte de la cadena física que permite prestar servicios digitales en España. Una regulación que altere la construcción o ampliación de esa infraestructura termina teniendo efectos más allá del propietario del edificio: afecta potencialmente a proveedores cloud, operadores de telecomunicaciones, empresas tecnológicas y clientes que necesitan capacidad local.
Al mismo tiempo, reservar capacidad eléctrica a proyectos que nunca se construyen tampoco ayuda a esa cadena.
De ahí que una posible vía de equilibrio sea diferenciar mejor entre proyectos especulativos y proyectos con inversión, financiación, permisos y compromisos de ejecución acreditados, sin convertir el acceso a la red en una reserva indefinida.
El propio Gobierno explica que uno de sus objetivos es precisamente distinguir los proyectos firmes y viables de aquellos que podrían acaparar un recurso escaso sin materializarse.
También hay margen para discutir técnicamente los mecanismos de sostenibilidad sin cuestionar el objetivo ambiental. Pueden analizarse adicionalidad, contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), almacenamiento, flexibilidad de demanda, ubicación junto a generación, aprovechamiento de excedentes o contribuciones a la infraestructura eléctrica.
El resultado importa porque las inversiones son móviles.
Un proyecto cloud o de inteligencia artificial que todavía no ha construido su infraestructura puede comparar España con Portugal, Francia, Italia u otros mercados europeos. Electricidad, conectividad y suelo cuentan, pero también los plazos administrativos y la previsibilidad de las reglas durante los años necesarios para desarrollar la instalación.
La consulta pública ha dejado claro que existe una distancia considerable entre el texto inicial y una parte relevante de la industria. Templus ha optado por la posición más contundente: retirar el proyecto, abrir nuevamente la negociación y elaborar otro marco, sin renunciar por ello a presentar 23 modificaciones concretas por si el Gobierno decide continuar con la tramitación.
El plazo de alegaciones terminó el 10 de septiembre. A partir de ahora será el Ejecutivo quien tenga que decidir qué parte de las objeciones incorpora.
El texto resultante determinará algo más que las condiciones ambientales de los próximos centros de datos. También establecerá qué proyectos pueden acceder a una red eléctrica cuya capacidad se ha convertido en uno de los recursos más disputados de la nueva economía digital española.
