El proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno quiere regular la sostenibilidad, eficiencia, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos ha provocado una fuerte reacción entre operadores y asociaciones energéticas. El principal foco está en la obligación de respaldar al menos el 80 % del consumo con nueva generación renovable y con correlación horaria, una exigencia que llega mientras APPA Renovables sostiene que España desaprovecha cerca del 25 % de la electricidad que podría producir con estas tecnologías. El texto está todavía en audiencia pública y puede modificarse antes de su aprobación.
Las claves del nuevo Real Decreto de centros de datos en 20 segundos
- El Gobierno plantea que el 80 % del consumo quede respaldado hora a hora por nueva generación renovable.
- SpainDC advierte de que el texto podría poner en riesgo buena parte de las futuras inversiones.
- APPA y UNEF cuestionan exigir nueva potencia mientras existen vertidos renovables.
- El borrador fija temporalmente PUE 1,15 y WUE 0,1.
- Las alegaciones pueden presentarse hasta el 04/09/2026.
El debate llega en un momento especialmente sensible para España. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) reconoce que los centros de datos se han convertido en infraestructuras necesarias para la digitalización y la soberanía tecnológica europea, pero también señala que la presión sobre la red eléctrica ha crecido rápidamente.
Desde finales de 2023 se han concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte y, desde 2020, alrededor de otros 6 GW en distribución. El Gobierno considera que reservar esa capacidad sin condiciones podría competir con la electrificación de la industria, el transporte o los hogares y elevar las inversiones necesarias en redes.
El desacuerdo no está, por tanto, en que los centros de datos deban ser eficientes o utilizar electricidad renovable. Las críticas se concentran en cómo, cuándo y con qué condiciones pretende hacerlo el borrador.
El 80 % renovable y hora a hora concentra las críticas
El proyecto establece que, mientras las renovables no superen el 90 % del mix eléctrico español, los nuevos centros de datos incluidos en su ámbito de aplicación deberán acreditar que al menos el 80 % de su consumo queda cubierto con electricidad renovable.
Pero no bastaría con contratar renovables existentes.
El MITECO plantea un criterio de adicionalidad: cada nuevo megavatio consumido tendría que estar respaldado por nueva capacidad renovable puesta en funcionamiento dentro de los 18 meses anteriores a la entrada en explotación del centro de datos. Esa electricidad podría proceder de autoconsumo o de instrumentos de contratación a plazo, como los PPA (Power Purchase Agreements).
Además aparece una segunda condición especialmente exigente: la correlación horaria. En cada hora de funcionamiento debería acreditarse que al menos el 80 % del consumo está asociado a generación renovable producida durante esa misma hora.
Para las asociaciones renovables consultadas, ahí aparece una paradoja.
José María González Moya, director general de APPA Renovables, sostiene que actualmente se desaprovecha cerca del 25 % de la electricidad que podría producirse con tecnologías renovables debido a vertidos técnicos y económicos. Desde su perspectiva, exigir que la electricidad de los centros de datos proceda necesariamente de nueva generación podría impedir aprovechar energía renovable que ya está instalada pero que en determinados momentos no encuentra demanda.
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), coincide en que debería existir mayor flexibilidad e incorporar también almacenamiento hibridado.
La dificultad aumenta cuando se intenta casar generación y consumo hora a hora.
Según los datos aportados por APPA, entre 2022 y 2025 España añadió cerca de 32 GW fotovoltaicos, incluido autoconsumo, frente a 4,6 GW eólicos, mientras tecnologías gestionables como biomasa o hidráulica apenas incrementaron su capacidad.
La energía solar tiene una limitación evidente para un centro de datos que funciona las 24 horas: deja de producir durante la noche.
Cumplir correlaciones elevadas durante todas las horas exigiría combinar solar, eólica, almacenamiento, generación gestionable y contratos con diferentes perfiles de producción. El sector renovable reclama precisamente que el desarrollo de baterías, bombeo, minihidráulica o biomasa forme parte de la ecuación.
El Gobierno defiende otro argumento. Considera que una demanda eléctrica nueva y de gran tamaño debería venir acompañada de nueva generación para evitar que los centros de datos absorban electricidad renovable que ya sirve para descarbonizar otros consumos.
La discusión está así menos relacionada con utilizar renovables que con si los centros de datos deben financiar nueva capacidad equivalente a su crecimiento o pueden aprovechar primero mejor la generación actualmente disponible.
PUE 1,15 y WUE 0,1: otra batalla técnica
La energía contratada no es el único punto conflictivo.
Hasta que entre plenamente en funcionamiento el futuro sistema europeo de etiquetado de centros de datos, previsto para agosto de 2027, el borrador español plantea como valores máximos transitorios un PUE de 1,15 y un WUE de 0,1.
PUE, o Power Usage Effectiveness, mide la relación entre toda la energía utilizada por un centro de datos y la consumida específicamente por sus equipos informáticos. Cuanto más cerca está de 1, menor es proporcionalmente la energía destinada a refrigeración, distribución eléctrica y otros sistemas auxiliares.
WUE, Water Usage Effectiveness, mide la eficiencia en el consumo de agua.
El problema señalado por algunos operadores es que alcanzar simultáneamente valores muy bajos en ambos indicadores no resulta sencillo.
Nacho Velilla, CEO de Templus, sostiene que un PUE de 1,15 puede conseguirse en instalaciones de hiperescala o dedicadas a un cliente concreto, pero considera muy difícil trasladarlo de forma general a instalaciones de colocation, donde distintos clientes utilizan infraestructuras y densidades de potencia diferentes.
La Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESE) también considera los umbrales muy exigentes respecto a la situación media actual del sector.
Existe además una relación entre electricidad y agua. Determinados sistemas de refrigeración evaporativa pueden mejorar mucho la eficiencia energética, pero consumen agua. Reducir simultáneamente PUE y WUE puede requerir soluciones como refrigeración líquida directa al chip, sistemas de circuito cerrado o arquitecturas diseñadas específicamente para altas densidades.
El MITECO defiende que los límites corresponden a los valores previstos para la categoría A del futuro etiquetado europeo, aunque ese sistema comunitario todavía está en desarrollo. Cuando entre en aplicación, el proyecto español dejaría de utilizar los límites transitorios y exigiría precisamente esa máxima categoría europea.
SpainDC advierte sobre inversiones que podrían marcharse
La reacción más dura ha llegado desde SpainDC, asociación que agrupa a más de 300 empresas relacionadas con la industria española de centros de datos.
La organización ha anunciado alegaciones y considera que la combinación de adicionalidad renovable, correlación horaria, eficiencia energética, consumo de agua, condiciones contractuales y posibles recargos podría situar a España en una posición menos competitiva frente a otros países europeos.
Su presidente, Emilio Díaz, pone además el foco en los proyectos que comenzaron su tramitación bajo otras condiciones.
El borrador concede con carácter general seis meses para que determinados proyectos en tramitación se adapten a los nuevos requisitos, plazo que baja a tres meses para algunos proyectos pendientes de concursos de acceso. En caso contrario existe la posibilidad de renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin ejecutar las garantías.
SpainDC sostiene que proyectos de esta naturaleza pueden llevar años preparando suelo, financiación, permisos, contratos energéticos y equipamiento, por lo que considera difícil modificar sus condiciones estructurales en pocos meses.
La asociación estimaba anteriormente que España podía movilizar 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad.
Ahora eleva mucho más su advertencia y calcula que, si el proyecto se aprobara sin cambios, podría estar en riesgo entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión susceptible de escoger España como destino.
Esa cifra es una estimación de SpainDC, no una previsión oficial ni una inversión ya comprometida. Su magnitud depende de las hipótesis utilizadas por la asociación y de las decisiones futuras de los promotores.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, plantea además una cuestión relacionada con la soberanía digital: si la demanda española de cloud e inteligencia artificial continúa aumentando pero la infraestructura se construye en otros países, esos servicios seguirán consumiéndose desde España aunque el cómputo esté situado fuera.
El Gobierno persigue precisamente el objetivo contrario. Su proyecto incorpora requisitos para que los operadores estén establecidos en la Unión Europea y para que determinados datos operativos permanezcan dentro del territorio comunitario. En el caso de sistemas de información del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), los datos, metadatos, registros, réplicas y copias de seguridad deberán mantenerse en la UE bajo las condiciones previstas en el texto.
Una regulación todavía abierta a cambios
Otro motivo de malestar ha sido el calendario.
El procedimiento de audiencia pública comenzó el 27/08/2026 y termina el 04/09/2026, después de que el Gobierno optara por la tramitación de urgencia. APPA, ANESE, SpainDC y empresas del sector consideran insuficiente el tiempo disponible para estudiar una norma que puede alterar proyectos con inversiones de cientos o miles de millones de euros en conjunto.
SpainDC ha pedido ampliar el plazo y constituir una mesa técnica con la Administración.
Equinix ha adoptado una posición más prudente y ha expresado su disposición a colaborar con las administraciones mientras espera conocer el texto definitivo.
El documento que se discute no es todavía un Real Decreto aprobado. Es un proyecto sometido a audiencia y puede recibir modificaciones antes de llegar al Consejo de Ministros.
Tampoco sería preciso concluir que el Gobierno pretende detener el desarrollo de centros de datos. La propia memoria que acompaña el proceso los define como activos necesarios para la digitalización, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica europea.
La discrepancia está en cómo gestionar una demanda eléctrica que ya supera los 12 GW de capacidad concedida entre transporte y distribución, además de las nuevas solicitudes que siguen apareciendo, sin perjudicar a otros procesos de electrificación.
España dispone de abundante generación renovable y, simultáneamente, registra horas en las que parte de esa producción no puede aprovecharse. El debate que abre el nuevo Real Decreto es si la prioridad debe estar en obligar a cada nuevo gran consumidor a añadir generación propia equivalente o en combinar esa adicionalidad con un mejor uso de la electricidad renovable existente, almacenamiento y una red capaz de trasladarla hasta donde se necesita.
Las alegaciones que se presenten antes del 04/09/2026 determinarán hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a modificar ese equilibrio.
Preguntas frecuentes
¿Qué exige el nuevo Real Decreto a los centros de datos?
El borrador plantea requisitos de eficiencia energética e hídrica, soberanía digital y consumo renovable. Mientras las renovables no superen el 90 % del mix, propone cubrir al menos el 80 % del consumo con nueva generación renovable y correlación horaria.
¿Está ya aprobado el Real Decreto de centros de datos?
No. El texto se encuentra en fase de audiencia e información pública y pueden presentarse alegaciones hasta el 04/09/2026. Después podrá ser modificado antes de su eventual aprobación.
¿Qué significan PUE 1,15 y WUE 0,1?
Son límites transitorios propuestos para eficiencia energética y consumo de agua. El Gobierno los vincula con la máxima categoría prevista en el futuro sistema europeo de etiquetado de centros de datos.
¿Puede provocar la norma una fuga de inversiones?
SpainDC considera que podría poner en riesgo entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión susceptible de localizarse en España si se mantiene el texto actual. Es una estimación de la asociación y no una previsión oficial.
Referencias: Centros de datos en España, Cdecomunicacion y SpainDC
