La organización Privacy International ha expuesto la falta de respuestas claras de los parlamentarios británicos respecto al uso de la tecnología de reconocimiento facial (FRT) en espacios públicos, evidenciando importantes vacíos regulatorios y de supervisión. En el marco de la campaña “El fin de la privacidad en público”, diseñada para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos de esta tecnología, los resultados revelan una desconexión alarmante entre los legisladores y los derechos de privacidad de sus electores.
Parlamentarios evaden responder preguntas clave
Privacy International informó que la mayoría de los miembros del Parlamento no respondieron directamente a preguntas esenciales, como si FRT se está utilizando en sus distritos o si existe algún control específico en comercios, eventos o por parte de la policía local. Según el informe, el 70 % de los parlamentarios desconocen si esta tecnología está siendo implementada en sus áreas.
Aunque algunas respuestas reconocieron preocupaciones generales sobre la FRT, muchas otras evitaron profundizar en los riesgos asociados, como los sesgos discriminatorios hacia minorías étnicas o de género, la vigilancia masiva y las implicaciones éticas.
¿Privacidad o seguridad? El dilema de la regulación
Los parlamentarios que intentaron tranquilizar a sus electores subrayaron que la FRT está regulada por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Protección de Datos de 2018. Sin embargo, Privacy International advierte que estas normativas solo cubren aspectos limitados, como el procesamiento de datos personales, dejando sin atender cuestiones fundamentales sobre discriminación, libertad de expresión y vigilancia masiva.
Además, la aplicación de FRT por parte de las fuerzas policiales enfrenta un marco legal complejo, descrito como un “mosaico de normas”. Este incluye el Código de Cámaras de Vigilancia (POFA 2012) y la Ley de Derechos Humanos, pero ninguna de estas leyes fue diseñada específicamente para la FRT, lo que genera vacíos legales, inconsistencias y falta de claridad en las responsabilidades de supervisión.
Llamado a una regulación efectiva
Ante estos desafíos, tanto Privacy International como el Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) han solicitado un código de prácticas vinculante que ofrezca mayor claridad y garantías. Según el ICO, dicho código proporcionaría un marco transparente y consistente para el uso de tecnologías biométricas, lo que beneficiaría tanto a las fuerzas del orden como al público.
El informe también destaca la necesidad de equilibrio entre la seguridad colectiva y la libertad individual. Aunque algunos parlamentarios defendieron la FRT como herramienta policial necesaria, no se especificaron medidas claras para garantizar la transparencia y la proporcionalidad en su implementación.
Una amenaza para la privacidad pública
Privacy International ha anunciado la reanudación de su campaña para visibilizar los riesgos de la FRT y exigir mayor supervisión parlamentaria. La organización advierte que la normalización de la vigilancia masiva podría redefinir negativamente los conceptos de privacidad y libertad en espacios públicos si no se toman medidas regulatorias adecuadas.
Con la expansión de esta tecnología en el Reino Unido, el debate sobre su uso y regulación se intensifica, dejando abierta la pregunta de cómo equilibrar la seguridad pública y los derechos individuales en un mundo cada vez más digitalizado.
