El Gobierno español ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de Reglamento Europeo de Chips 2.0, la reforma con la que Bruselas pretende reforzar la fabricación de semiconductores, estimular la demanda de tecnología europea y prepararse mejor ante futuras interrupciones de suministro. Las aportaciones podrán presentarse hasta el 03/08/2026 a las 23:59.
El trámite no supone que la nueva norma ya esté aprobada. La Comisión Europea presentó su propuesta el 03/06/2026 y ahora deberá negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo. En caso de salir adelante, el nuevo Reglamento derogaría y sustituiría al Reglamento (UE) 2023/1781, la primera Ley Europea de Chips, que entró en vigor en septiembre de 2023.
Las claves de la consulta sobre Chips 2.0 en 20 segundos
- El plazo está abierto desde el 13/07/2026 hasta el 03/08/2026 a las 23:59.
- Pueden participar ciudadanos, empresas, asociaciones y otras organizaciones interesadas.
- Las aportaciones deben enviarse por correo electrónico e identificar al remitente.
- El Gobierno pide opiniones sobre los problemas detectados, la necesidad de la norma, sus objetivos y posibles alternativas.
- Las respuestas podrán hacerse públicas, salvo las partes cuya confidencialidad se señale de forma concreta.
- La propuesta amplía las ayudas más allá de las grandes fábricas de chips.
- Introduce un plazo máximo de 12 meses para determinados procedimientos de autorización.
- Plantea instrumentos para aumentar la demanda de chips diseñados o fabricados en Europa.
- Prevé proyectos estratégicos, regiones de excelencia y nuevas líneas de investigación.
- También propone una plataforma empresarial para anticipar problemas en la cadena de suministro.
Las contribuciones deben remitirse a [email protected], con el asunto “Consulta pública Reglamento Chips Act 2.0. – Aportaciones [nombre o razón social]”. El Ministerio precisa que no se tendrán en cuenta los mensajes anónimos ni las observaciones que no estén relacionadas con la necesidad, la oportunidad o el contenido de la propuesta europea.
Quienes incluyan información empresarial sensible deberán indicar expresamente qué apartados consideran confidenciales. Un aviso genérico situado al pie del correo no bastará para impedir que la aportación sea difundida, según las condiciones publicadas para la consulta.
Europa quiere pasar de subvencionar fábricas a crear compradores
La primera Ley Europea de Chips se diseñó después de que la escasez mundial de semiconductores paralizara líneas de automóviles, retrasara productos electrónicos y expusiera la dependencia europea de proveedores asiáticos y estadounidenses. Su estrategia se concentró en investigación, nuevas instalaciones industriales y mecanismos de coordinación ante crisis.
La Comisión calcula que aquel marco ayudó a movilizar más de 52.000 millones de euros de inversión pública y privada y a generar unos 46.000 empleos directos e indirectos. También permitió financiar líneas piloto, centros de competencia y proyectos industriales considerados únicos en Europa. Aun así, Bruselas admite que la región continúa dependiendo del exterior en diseño y fabricación avanzada.
La documentación utilizada por el Gobierno español estima que la Unión Europea concentraba en 2025 alrededor del 10 % de la capacidad mundial de fabricación. Buena parte se encontraba en tecnologías maduras, con una presencia reducida en procesos de 5 nanómetros y generaciones posteriores. También advierte de que la demanda mundial de semiconductores podría duplicarse hasta 2040, mientras el segmento destinado a inteligencia artificial y centros de datos podría multiplicarse por once. Son proyecciones, no volúmenes de producción garantizados, pero explican la urgencia de la revisión.
Chips 2.0 mantiene el apoyo a la oferta, pero presta más atención a una debilidad menos visible: Europa puede investigar una tecnología y financiar su industrialización sin conseguir que los grandes compradores la adopten.
La Comisión quiere conectar a fabricantes de semiconductores con sectores como la automoción, las telecomunicaciones, la industria, la defensa, los centros de datos y los proveedores cloud. Para ello propone un foro de demanda y los denominados aceleradores de demanda, mecanismos destinados a identificar necesidades antes de que una empresa invierta años en desarrollar un producto sin un mercado europeo suficiente.
La idea es que fabricantes y futuros clientes trabajen desde etapas más tempranas. Un productor de chips para automoción, por ejemplo, necesita conocer con antelación los requisitos técnicos, los plazos de homologación y el volumen que podrían solicitar los fabricantes de vehículos. Sin esa información puede resultar difícil justificar una nueva línea industrial, aunque existan ayudas públicas.
La Comisión también plantea utilizar la contratación pública en áreas críticas para generar valor económico, empleo y conocimiento dentro de la Unión. No se presenta como una obligación general de comprar cualquier chip europeo, sino como un marco para valorar la aportación industrial europea y recurrir con más frecuencia a la compra pública de tecnología todavía en fase de introducción.
Esta parte será previsiblemente una de las más discutidas durante la negociación. Las instituciones deberán concretar cómo se define el valor añadido europeo, qué peso tiene frente al precio y cómo se compatibiliza con las normas de competencia, contratación y comercio internacional.
También tendrán que evitar que una política de preferencia industrial termine protegiendo productos menos competitivos sin mejorar la autonomía tecnológica. El objetivo declarado es desarrollar una demanda estable que permita crecer a empresas europeas, no aislar el mercado ni sustituir todas las importaciones.
Permisos en 12 meses y ayudas para toda la cadena del chip
Una de las medidas más llamativas es el plazo máximo de 12 meses para resolver los permisos de los proyectos cubiertos por el Reglamento. La construcción de una fábrica de semiconductores exige coordinar suelo, electricidad, agua, gestión de sustancias químicas, tratamiento de residuos y evaluaciones ambientales. La duración e incertidumbre de estos procedimientos puede hacer que una inversión acabe en otro continente.
Reducir los plazos no implica eliminar controles. El reto estará en coordinar administraciones y resolver expedientes en paralelo, en lugar de convertir la aceleración en una rebaja de las garantías ambientales. También será necesario aclarar qué autorizaciones entran en ese límite y cómo se gestionarán los retrasos que no dependan directamente del promotor.
La propuesta amplía además el concepto de instalación pionera o first-of-a-kind. La primera norma se asoció principalmente con plantas de fabricación que introducían en Europa capacidades inexistentes. Chips 2.0 permitiría apoyar proyectos novedosos en cualquier segmento relevante de la cadena, desde materiales y equipos hasta diseño, encapsulado avanzado, pruebas y fabricación.
Este cambio reconoce que la autonomía no depende únicamente de disponer de una fábrica capaz de trabajar con los nodos más pequeños. Un chip avanzado necesita herramientas de diseño, materiales, obleas, equipos de litografía y metrología, encapsulado, memoria y capacidad de prueba. La ausencia de una sola pieza puede detener el producto completo.
La Comisión quiere crear también una categoría de proyectos estratégicos que aporten un valor relevante al conjunto de la Unión. Estos podrían recibir financiación europea combinada con recursos de los Estados miembros y la industria.
Otro distintivo será el de regiones europeas de excelencia en semiconductores. Su finalidad es identificar territorios que reúnan infraestructuras, centros de investigación, formación, proveedores industriales, energía y condiciones administrativas adecuadas para atraer inversiones.
La etiqueta puede favorecer la especialización regional, pero también plantea el riesgo de concentrar todavía más las inversiones en unos pocos polos. La documentación española reconoce que la capacidad europea ya se encuentra geográficamente agrupada, por lo que la futura aplicación deberá equilibrar la eficiencia industrial con una mayor diversificación de la cadena.
En investigación, Chips 2.0 mantiene las líneas piloto y los centros de competencia, al tiempo que añade los llamados “Grandes Desafíos”. Estas iniciativas se orientarán hacia tecnologías que la Unión considere estratégicas, entre ellas chips para inteligencia artificial, fotónica integrada, semiconductores cuánticos y nuevas capacidades de diseño.
El Fondo de Chips seguirá facilitando financiación a empresas emergentes, compañías en crecimiento, pymes y sociedades de mediana capitalización. Esta parte es importante porque Europa dispone de equipos de investigación y empresas especializadas, pero muchas encuentran dificultades para financiar el paso desde un prototipo hasta la producción industrial.
España participa en este desarrollo mediante las líneas piloto europeas de fotónica integrada y chips cuánticos, junto con inversiones públicas en proyectos de microelectrónica, diseño y fotónica. Entre las iniciativas señaladas por el Gobierno figuran el futuro centro de IMEC en Málaga, la expansión de Diamond Foundry y la entrada de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica en compañías como Openchip, Sparc y Attypic.
La consulta ofrece a estas empresas, centros tecnológicos, universidades y futuros compradores la posibilidad de pronunciarse sobre asuntos que tendrán efectos muy concretos: qué proyectos deben considerarse estratégicos, cómo repartir la financiación, qué requisitos deben acompañar a las ayudas y cómo evitar que las empresas pequeñas queden fuera de los programas.
Un gemelo digital para anticipar la próxima escasez
El tercer bloque de la propuesta se ocupa de la vigilancia del mercado y la respuesta ante crisis. La Ley de Chips original ya creó mecanismos para observar la cadena de suministro y adoptar medidas extraordinarias cuando una escasez amenazara sectores esenciales.
Chips 2.0 pretende reforzar esa capacidad con una plataforma empresarial denominada Business-to-Business Semiconductor Supply Chain Platform. El documento español la describe como un gemelo digital de la cadena de valor, dirigido por la industria y capaz de compartir información agregada, emitir alertas tempranas y realizar pruebas de resistencia.
La plataforma podría detectar que varios fabricantes europeos dependen de una misma planta, un material escaso o un proveedor situado en una región expuesta a tensiones geopolíticas. También serviría para simular qué ocurriría si se interrumpiera una ruta logística o disminuyera la disponibilidad de una familia concreta de chips.
Su utilidad dependerá de la información que aporten las empresas. Los fabricantes y compradores manejan datos sensibles sobre inventarios, proveedores, contratos y previsiones de producción. Sin confianza y reglas claras de confidencialidad, la plataforma corre el riesgo de recibir información incompleta.
El Reglamento también propone reforzar la coordinación entre el European Semiconductor Board, la alianza industrial del sector y los Estados miembros, además de promover acuerdos estratégicos con terceros países. La autonomía planteada por Bruselas no equivale a producirlo todo dentro de las fronteras europeas. Busca reducir dependencias excesivas, conservar capacidades difíciles de sustituir y diversificar proveedores cuando la fabricación europea no resulte viable.
La consulta española permitirá plantear alternativas regulatorias y no regulatorias antes de que el Gobierno fije su posición durante la negociación europea. Para las empresas interesadas, el momento de influir no llegará cuando el Reglamento ya se haya aprobado, sino ahora, mientras todavía se discuten conceptos como proyecto estratégico, valor añadido europeo, acelerador de demanda o región de excelencia.
Preguntas frecuentes
¿La Ley Europea de Chips 2.0 ya está aprobada?
No. Es una propuesta presentada por la Comisión Europea que debe negociarse y aprobarse por el Parlamento Europeo y el Consejo.
¿Hasta cuándo pueden enviarse aportaciones en España?
Hasta el 03/08/2026 a las 23:59, mediante el correo habilitado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
¿Quién puede participar en la consulta?
Ciudadanos, empresas, asociaciones, centros tecnológicos, universidades y otras entidades interesadas, siempre que el remitente se identifique y la aportación esté relacionada con la propuesta.
¿Chips 2.0 se limita a financiar nuevas fábricas?
No. Incluye diseño, materiales, encapsulado, investigación, formación, demanda industrial, contratación pública, vigilancia de la cadena y respuesta ante posibles crisis.
