La industria europea del software libre ha decidido moverse antes de que Bruselas cierre una de las carpetas tecnológicas más relevantes de los próximos años. Coincidiendo con la próxima presentación del paquete europeo de soberanía tecnológica, prevista ahora para el 3 de junio, un grupo de empresas del ecosistema open source ha firmado una carta abierta dirigida a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los gobiernos de la UE para reclamar un principio claro: Open Source First.
La petición no plantea prohibir el software propietario ni excluir a proveedores no europeos. Su propuesta es más concreta y, por eso mismo, más difícil de ignorar: que toda contratación pública de software y servicios digitales tenga que evaluar primero si existe una alternativa open source cualificada antes de optar por una solución propietaria. Esa evaluación, según los firmantes, debería quedar documentada y ser auditable.
Una carta abierta en pleno debate sobre soberanía digital
La iniciativa llega en un momento especialmente sensible. El paquete de soberanía tecnológica de la UE, con el Cloud and AI Development Act en el centro, busca reforzar la capacidad europea en cloud, inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad e infraestructuras digitales. Aunque la propuesta formal todavía no se ha presentado, el debate ya está muy vivo: Europa quiere reducir dependencias críticas sin frenar la innovación ni cerrar su mercado.
La carta abierta, alojada por SUSE y respaldada por compañías como Penpot, Nextcloud, Collabora Office, Element, OpenNebula, OpenProject, Univention, Zabbix, Linagora, Passbolt, CloudFerro, Freexian o EGroupware, sostiene que el sector público ha sido durante años uno de los grandes motores del bloqueo propietario en Europa. No por una decisión estratégica explícita, sino por una acumulación de compras en las que apenas se exigía comparar con alternativas abiertas.
El argumento de fondo es sencillo: si el dinero público financia infraestructura digital, esa infraestructura debería ser transparente, mantenible, auditable y menos dependiente de un único proveedor. Para los firmantes, el open source no es solo una cuestión de licencia, sino una condición práctica para poder cambiar de proveedor, revisar el código, mantener sistemas a largo plazo y construir capacidades industriales propias.
El concepto Open Source First ya existe en distintos grados dentro de administraciones y organismos públicos, pero la industria quiere que deje de ser una recomendación voluntaria y pase a formar parte del marco legal. Ahí está el punto político de la propuesta. No pide que siempre gane el software libre, sino que la alternativa abierta se analice de forma obligatoria, con criterios verificables y antes de cerrar la puerta por inercia.
OSPOs, compras públicas y el fin del piloto eterno
La carta también refleja una tendencia que empieza a ganar peso en Europa: los Open Source Program Offices, más conocidos como OSPOs. Estas oficinas ayudan a organizaciones públicas y privadas a adoptar, gobernar, contribuir y mantener software abierto de forma profesional. La Comisión Europea creó su propio OSPO en 2020 como parte de su estrategia de software open source 2020-2023, con principios como compartir, contribuir, asegurar y mantener el control.
Hasta ahora, muchos proyectos open source en el sector público han avanzado como pilotos, migraciones parciales o iniciativas impulsadas por equipos técnicos concretos. La diferencia ahora es que la conversación ha subido de nivel. La soberanía digital ya no se discute solo en departamentos de sistemas. Entra en compras, asesorías jurídicas, comités de riesgo y consejos de administración.
La contratación pública es el terreno donde esa conversación se vuelve real. Una administración puede hablar de soberanía digital y, al mismo tiempo, renovar durante años contratos que la atan a un proveedor, a un formato, a una nube o a una suite de aplicaciones. La propuesta Open Source First intenta cambiar ese punto de partida: antes de renovar por costumbre, habría que justificar por qué no se ha elegido una alternativa abierta viable.
| Área de decisión pública | Qué cambiaría con Open Source First |
|---|---|
| Compra de software | Evaluación previa de alternativas abiertas cualificadas |
| Auditoría y cumplimiento | Documentación de la decisión y trazabilidad del análisis |
| Soberanía tecnológica | Menor dependencia de proveedores únicos y formatos cerrados |
| Seguridad | Mayor capacidad de revisión, corrección y control del código |
| Mercado europeo | Más oportunidades para proveedores locales de soporte, integración y servicios |
El reto, claro, está en la palabra “cualificada”. No todas las soluciones open source sirven para cualquier caso de uso, ni todos los proyectos tienen el mismo nivel de madurez, soporte o seguridad. Una política seria tendría que medir funcionalidad, coste total, mantenimiento, comunidad, soporte profesional, interoperabilidad, cumplimiento normativo y capacidad de salida. Precisamente por eso los firmantes piden evaluaciones documentadas, no declaraciones genéricas.
La soberanía no depende solo de dónde está el dato
Durante años, buena parte del debate europeo sobre soberanía digital se ha centrado en la localización del dato: si se almacena dentro de la UE, si lo opera una empresa europea o si está sometido a legislación extracomunitaria. Ese enfoque sigue siendo importante, pero se queda corto. Un sistema puede estar alojado en territorio europeo y seguir siendo opaco, difícil de migrar o dependiente de tecnologías que el cliente no controla.
El open source introduce otra dimensión: la capacidad de entender, modificar, auditar y mantener el software. En sectores como administración pública, sanidad, justicia, educación, defensa o servicios críticos, esa capacidad puede ser tan relevante como la ubicación física del dato. No basta con tener infraestructura europea si la capa de software que la gobierna queda cerrada a proveedores, auditores y administraciones.
La llegada de la inteligencia artificial refuerza esta discusión. Los sistemas de IA requieren datos, modelos, infraestructura de cómputo, pipelines, APIs y mecanismos de gobierno. Si todos esos elementos se construyen sobre dependencias cerradas, la soberanía se convierte en una promesa difícil de demostrar. El software abierto no resuelve por sí solo los problemas de seguridad, calidad o cumplimiento, pero facilita una condición básica: poder inspeccionar y cambiar piezas sin pedir permiso al proveedor original.
Europa ya tiene una base industrial open source considerable. Hay empresas especializadas en Linux empresarial, colaboración, productividad, identidad, virtualización, cloud, Kubernetes, bases de datos, monitorización, ciberseguridad y herramientas de desarrollo. Muchas llevan décadas trabajando en entornos críticos. La carta abierta intenta convertir esa realidad en una señal de mercado: si la compra pública exige mirar primero alternativas abiertas, la industria tendrá más incentivos para escalar, invertir y competir.
También hay un mensaje indirecto para los grandes proveedores propietarios. Open Source First no elimina la competencia; la endurece. Obliga a explicar mejor por qué una solución cerrada es necesaria, qué coste de salida tiene, cómo se garantiza la portabilidad y qué riesgos de dependencia introduce. Para los compradores públicos, eso puede significar mejores decisiones. Para el mercado, más transparencia.
El momento elegido no es casual. La UE se ha marcado objetivos ambiciosos para 2030, entre ellos que al menos el 75 % de las empresas utilicen cloud, inteligencia artificial o big data. Si esa digitalización masiva se construye sobre pocas plataformas cerradas, Europa puede ganar adopción tecnológica, pero perder margen de maniobra. Si se apoya en estándares abiertos, proveedores diversos y software auditable, la dependencia puede reducirse sin aislarse del mercado global.
La carta de la industria open source no cerrará el debate, pero sí coloca una pregunta incómoda encima de la mesa: si Europa quiere soberanía digital, ¿por qué la compra pública no está obligada a mirar primero las tecnologías que permiten mayor control, portabilidad y transparencia? Bruselas tendrá que responder pronto, no solo con declaraciones, sino con reglas que cambien cómo se compra tecnología.
Preguntas frecuentes
¿Qué pide la carta abierta de la industria open source europea?
Pide que la UE incorpore el principio Open Source First, para que la contratación pública evalúe primero si existe una solución open source cualificada antes de elegir una opción propietaria.
¿Open Source First prohibiría el software propietario?
No. La propuesta no busca prohibir software propietario ni proveedores no europeos. Exige que la alternativa abierta se analice y que la decisión quede documentada.
¿Por qué se relaciona el open source con la soberanía digital?
Porque permite auditar, modificar, mantener y migrar tecnología con menos dependencia de un único proveedor. Eso puede mejorar la autonomía de administraciones y empresas.
¿Qué papel tienen los OSPOs en este cambio?
Los Open Source Program Offices ayudan a profesionalizar la adopción de software abierto, gestionar licencias, coordinar contribuciones y definir políticas internas de uso y mantenimiento.
