La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado varias de las condiciones que el Ministerio para la Transición Ecológica plantea para regular el crecimiento de los centros de datos en España. El regulador considera que algunas exigencias sobre energía renovable, plazos y penalizaciones pueden encarecer los proyectos o dificultar que determinadas inversiones lleguen a materializarse.
Las claves de los centros de datos en 30 segundos
- La CNMC cuestiona parte de las nuevas obligaciones energéticas previstas para los centros de datos.
- El borrador exige que el 80 % del consumo proceda de nueva generación renovable y establece una correlación horaria.
- El regulador propone aplicar las exigencias de forma gradual y dar más margen al almacenamiento.
- España ya suma unos 12 GW de permisos de acceso y conexión para centros de datos, con otros 27 GW en tramitación.
- El informe es consultivo: el Gobierno puede modificar o mantener el texto antes de aprobarlo.
La discusión se produce mientras España intenta ordenar una avalancha de proyectos de centros de datos vinculados al crecimiento del cloud y la inteligencia artificial. El problema tiene una dimensión tecnológica, pero también eléctrica: cada nuevo campus necesita una conexión de gran capacidad y un suministro estable, mientras la red debe atender al mismo tiempo a hogares, industria y otros consumidores.
El informe de la CNMC, aprobado por su Pleno el 22 de septiembre, no supone un rechazo a regular el sector. El organismo comparte la necesidad de controlar el impacto que puede tener la llegada de grandes consumidores eléctricos. Sus objeciones se concentran en cómo se han diseñado algunas de las condiciones previstas.
Para los operadores agrupados en Spain DC, entre ellos grandes compañías tecnológicas y de infraestructura digital, el documento supone un respaldo a varias de las advertencias que habían trasladado durante la tramitación. El sector sostiene que unas condiciones demasiado rígidas pueden alterar proyectos que requieren inversiones muy elevadas y plazos largos.
El 80 % de renovables concentra buena parte del debate
Uno de los puntos más discutidos es la obligación de que los centros de datos cubran el 80 % de su consumo mediante nueva generación renovable. El borrador añade una condición especialmente exigente: al menos el 80 % de la electricidad consumida en cada hora debe estar respaldada por generación limpia producida durante esa misma hora.
La CNMC advierte de que combinar ambos requisitos puede obligar a sobredimensionar tanto la capacidad renovable como los sistemas de almacenamiento necesarios para garantizar el suministro.
El problema está relacionado con la propia evolución del sistema eléctrico español. Durante el primer semestre de 2026 se registraron cerca de 600 horas de precios negativos en el mercado diario durante las horas solares, según los datos recogidos en el informe citado por la información de partida.
Esto refleja una situación en la que puede existir mucha generación renovable disponible en determinadas franjas horarias y menos capacidad para absorberla. Obligar a los centros de datos a contratar nueva generación sin tener en cuenta esas diferencias temporales puede generar inversiones adicionales incluso cuando el sistema ya dispone de electricidad renovable excedentaria.
La CNMC plantea por ello varias alternativas. Entre ellas figuran reducir inicialmente el porcentaje exigido, establecer una aplicación progresiva hasta 2030 o introducir mayor flexibilidad durante los periodos en los que existan excedentes renovables.
El almacenamiento adquiere especial importancia en esta propuesta. Las baterías y otras tecnologías podrían permitir desplazar energía entre distintas horas y reducir la necesidad de construir capacidad renovable adicional exclusivamente para cubrir los momentos de mayor demanda.
El regulador también señala otra posibilidad: que los propios centros de datos puedan reducir temporalmente su consumo cuando el sistema eléctrico lo necesite. Para determinados tipos de cargas informáticas, esa flexibilidad podría convertirse en una herramienta adicional de gestión de la demanda.
Los proyectos ya conectados y las penalizaciones
Otra cuestión relevante afecta a los centros de datos que ya han obtenido permisos eléctricos pero todavía no han comenzado a funcionar. El borrador plantea un plazo de seis meses para que estos proyectos acrediten el cumplimiento de las nuevas condiciones, con la posibilidad de perder los permisos de acceso y conexión si no lo hacen.
La CNMC considera que ese periodo puede resultar demasiado corto para proyectos que llevan años en tramitación y que necesitan cerrar contratos de suministro renovable con instalaciones que todavía están en construcción.
El organismo plantea aplicar las nuevas condiciones de forma gradual y proteger los proyectos más avanzados. También propone tener en cuenta retrasos administrativos que no sean responsabilidad de los promotores.
La regulación contempla además que la nueva generación renovable contratada haya entrado en funcionamiento como máximo 18 meses antes que el centro de datos. La CNMC cuestiona también esta ventana temporal al considerar que puede limitar la capacidad de los operadores para estructurar sus contratos energéticos.
Las sanciones son otro de los puntos de fricción. El borrador plantea recargos de entre el 100 % y el 500 % sobre peajes y cargos eléctricos cuando se incumplan determinadas obligaciones relacionadas con la nueva generación renovable, además de penalizaciones específicas por la correlación horaria.
La CNMC considera que estas cuantías pueden distorsionar las señales económicas del sistema eléctrico. También recuerda que los peajes de transporte y distribución forman parte de las competencias del propio regulador y plantea que los incumplimientos se aborden mediante mecanismos específicos relacionados con el perjuicio que puedan causar al sistema.
El documento también cuestiona la combinación de determinados requisitos de eficiencia energética y consumo de agua. Cumplir simultáneamente objetivos muy exigentes en ambos ámbitos puede resultar complicado en zonas con temperaturas elevadas o con recursos hídricos limitados.
España tiene miles de megavatios de proyectos en juego
Las cifras de acceso a la red ayudan a explicar por qué el Gobierno quiere introducir reglas específicas para este tipo de instalaciones.
Según los datos recogidos en el informe, España ya ha concedido alrededor de 12.000 megavatios (MW), equivalentes a 12 gigavatios (GW), de permisos de acceso y conexión para centros de datos. Otros 27.000 MW se encuentran en tramitación, mientras que más de 32.000 MW de solicitudes han sido denegadas.
La magnitud de estas cifras contrasta con los objetivos establecidos para la capacidad de computación asociada a la Estrategia de Inteligencia Artificial. Esta contempla 2.500 MW de potencia de computación en 2030, que se traducirían en una demanda eléctrica estimada de entre 3.500 y 4.000 MW.
No todos los proyectos con permisos o solicitudes acabarán construyéndose. De hecho, el informe señala que los promotores ya habrían renunciado a unos 1.600 MW de capacidad de acceso después de las medidas adoptadas durante los últimos meses.
Para el sistema eléctrico, el riesgo existe en dos direcciones. Construir infraestructuras de red para proyectos que finalmente no se materialicen puede generar costes innecesarios. Pero permitir que se conecten grandes consumidores sin disponer de generación y capacidad suficiente también puede crear problemas de planificación y suministro.
La posición de la CNMC intenta situarse entre ambos extremos. El organismo considera necesario ordenar el crecimiento de los centros de datos, pero defiende que las obligaciones deben adaptarse a las condiciones reales del sistema eléctrico y no aplicarse de forma uniforme cuando existan alternativas técnicas menos costosas.
Para el sector tecnológico, la cuestión tiene consecuencias que van más allá del precio de la electricidad. Los centros de datos destinados a inteligencia artificial necesitan grandes cantidades de potencia y requieren planificar durante años la disponibilidad de suelo, conexión eléctrica, refrigeración, redes y equipamiento.
Una modificación de las condiciones de acceso puede cambiar la viabilidad económica de un proyecto completo. Por eso los operadores están siguiendo con atención la evolución de esta regulación.
El informe de la CNMC tiene carácter consultivo y no obliga al Gobierno a modificar el real decreto. La decisión final corresponderá al Ejecutivo, que tendrá que decidir qué recomendaciones incorpora al texto definitivo.
La disputa, por tanto, no enfrenta simplemente a las tecnológicas con una nueva obligación energética. También plantea cómo quiere España gestionar una infraestructura que será necesaria para ampliar la capacidad de computación, pero que puede convertirse en uno de los grandes consumidores eléctricos del país.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha cuestionado la CNMC sobre los centros de datos?
La CNMC ha cuestionado varios requisitos relacionados con las energías renovables, los plazos para proyectos con permisos, las penalizaciones y determinadas exigencias de eficiencia energética y consumo de agua.
¿Qué porcentaje de energía renovable exige el borrador?
El proyecto plantea que los centros de datos cubran el 80 % de su consumo mediante nueva generación renovable y que al menos el 80 % de la electricidad consumida cada hora esté respaldada por generación limpia producida durante esa misma hora.
¿Cuántos gigavatios de permisos tienen los centros de datos en España?
El informe recoge unos 12 GW de permisos de acceso y conexión concedidos, otros 27 GW en tramitación y más de 32 GW de solicitudes denegadas.
¿El informe de la CNMC obliga al Gobierno a cambiar la regulación?
No. El informe tiene carácter consultivo, por lo que el Gobierno puede decidir qué recomendaciones incorpora antes de aprobar definitivamente la regulación.
