La batalla por la soberanía digital en Europa acaba de sumar un actor de peso al debate. Google, a través de su máximo responsable legal y de asuntos globales, Kent Walker, ha advertido a la Unión Europea de que un enfoque demasiado restrictivo —orientado a reducir la dependencia tecnológica exterior a base de levantar barreras— podría terminar siendo “contraproducente”. El mensaje llega cuando Bruselas prepara un paquete de medidas de “soberanía tecnológica” previsto para la primavera de 2026 y cuando, al mismo tiempo, varias instituciones públicas europeas aceleran su giro hacia alternativas locales y de software libre.

La advertencia se produjo en una entrevista publicada el 13 de febrero de 2026, en la que Walker describió una “paradoja competitiva”: Europa quiere impulsar crecimiento y productividad, pero corre el riesgo de limitar el acceso a tecnologías punteras que, precisamente, podrían ayudar a lograrlo. En su argumentario, el problema no es que la UE busque más control y resiliencia, sino la interpretación de esa soberanía como un cierre de puertas a proveedores y herramientas globales.

Soberanía digital: de la regulación a la infraestructura (y al software)

La Unión Europea lleva años reforzando su papel regulatorio sobre el ecosistema digital. Normas como la DMA (Digital Markets Act) y la DSA (Digital Services Act) han elevado las exigencias de transparencia, competencia y responsabilidades de las grandes plataformas. Pero el debate de 2026 va más allá de la regulación: toca la arquitectura misma de la economía digital europea, desde la nube y los datos hasta el software que utilizan administraciones y sectores considerados críticos.

En el fondo, la cuestión es doble. Por un lado, dependencia: si servicios esenciales descansan en proveedores externos, existe el temor a interrupciones, presiones políticas o cambios contractuales fuera del control europeo. Por otro, industria: si Europa quiere desarrollar campeones tecnológicos propios, necesita crear demanda interna, capacidades y un ecosistema más sostenible.

Esa tensión se ha intensificado en los últimos meses por el clima geopolítico y por el temor a una “desconexión tecnológica” transatlántica. En paralelo, empiezan a proliferar movimientos concretos de administraciones que sustituyen herramientas comerciales estadounidenses por alternativas europeas o de código abierto, con la seguridad y la protección de datos como banderas.

El argumento económico del software libre (con cifras sobre la mesa)

El giro europeo hacia el software libre no se apoya solo en una narrativa política o cultural. La Comisión Europea ha citado el impacto económico del código abierto en términos muy explícitos: un estudio encargado por la UE estima que las empresas de la Unión invirtieron alrededor de 1.000 millones de euros en software de código abierto en 2018, con un impacto positivo de entre 65.000 y 95.000 millones de euros en la economía europea. El mismo trabajo sostiene que incrementar un 10 % las contribuciones al código abierto podría generar entre un 0,4 % y un 0,6 % adicional de PIB al año y más de 600 nuevas start-ups TIC en la UE.

Con ese marco, Bruselas no solo habla de “usar software local”: también insiste en evitar el vendor lock-in (dependencia del proveedor), reducir el coste total de propiedad en el sector público y ganar autonomía en piezas digitales clave. Es la visión de una soberanía que no se resume en comprar “europeo”, sino en poder auditar, controlar y cambiar sin quedar atrapados.

La réplica de Google: “soberanía abierta” y alianzas híbridas

Google no discute abiertamente que Europa quiera más control. Su choque está en el “cómo”. Walker propone un concepto que la compañía denomina “soberanía digital abierta”: un modelo híbrido que combine control local sobre datos, cumplimiento normativo y operación con la posibilidad de seguir usando tecnología global cuando sea necesario.

Según el planteamiento descrito en sus declaraciones, esa fórmula pasaría por alianzas entre empresas estadounidenses y europeas, de forma que el almacenamiento y el gobierno del dato puedan mantenerse bajo reglas europeas —incluida la localización cuando aplique— sin renunciar a herramientas consideradas de vanguardia, especialmente en un momento en el que la Inteligencia Artificial avanza a gran velocidad. En ese mismo hilo, Walker defendió que “levantar muros” que dificulten el acceso a “la mejor tecnología del mundo” puede acabar perjudicando a empresas y consumidores europeos.

El argumento no es menor: si el marco de soberanía se traduce, en la práctica, en vetos o en una sustitución acelerada y rígida de tecnologías, la transición podría volverse más cara, más lenta y menos competitiva. Google, además, intenta reforzar su mensaje recordando su huella en el continente: Walker señaló públicamente que la empresa lleva más de 25 años en Europa y supera los 30.000 empleados en 42 oficinas.

El debate se abre: “autonomía total” frente a “autonomía por capas”

La discusión no se limita a Google. En paralelo, voces del sector tecnológico europeo también matizan el concepto de soberanía “total”. El consejero delegado de Capgemini, Aiman Ezzat, rechazó la idea de una soberanía absoluta en tecnología y defendió que ningún país controla toda la cadena de valor necesaria para prestar servicios digitales completos. Su propuesta pasa por entender la autonomía como un conjunto de capas —datos, operaciones, regulación y tecnología— donde Europa puede ser más fuerte en unas que en otras, y diseñar estrategias por caso de uso.

Ese enfoque “por capas” conecta con una realidad incómoda: incluso cuando se adopta software libre, gran parte del mercado sigue dependiendo de infraestructuras, chips, servicios cloud, cadenas de suministro y ecosistemas de desarrolladores globales. La soberanía, en 2026, se parece menos a un interruptor (sí/no) y más a un tablero de control con grados de independencia.

¿Y ahora qué? La soberanía digital entra en su fase más práctica

La primavera de 2026 será un punto de inflexión porque la UE tendrá que concretar su “paquete de soberanía tecnológica” en decisiones operativas: requisitos, certificaciones, compras públicas, cloud soberana, estándares de interoperabilidad y criterios para infraestructuras críticas.

Si Bruselas prioriza el software libre, tendrá que resolver también el otro gran reto: financiación y sostenibilidad. El código abierto puede ser “libre” en licencia, pero no es gratis de mantener, auditar y asegurar. De hecho, la propia Comisión Europea ya ha subrayado que su estrategia pasa por fomentar reutilización, compartir soluciones y reforzar la dimensión open source en políticas futuras. En ese terreno, el debate no es solo ideológico: es industrial, presupuestario y de seguridad.

En medio, Google busca empujar una idea de equilibrio: soberanía sí, pero sin aislarse. Europa, por su parte, intenta evitar que la dependencia se convierta en vulnerabilidad. Y las empresas —desde pymes hasta grandes operadores— miran el tablero con una pregunta simple: ¿qué modelo les dará más certeza, menores riesgos y mejor capacidad de innovar?

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Preguntas frecuentes

¿Qué significa “soberanía digital abierta” según Google?
Es un enfoque híbrido que busca mantener control local de datos y cumplimiento normativo en Europa, pero sin excluir por completo tecnologías globales. La idea se apoya en alianzas entre empresas europeas y estadounidenses para combinar control y acceso a innovación.

¿De dónde sale la cifra de 65.000 a 95.000 millones de euros vinculada al software libre?
Procede de un estudio publicado por la Comisión Europea sobre el impacto del software y hardware de código abierto en la economía europea, que estima ese rango como contribución anual derivada de inversión y reutilización de código abierto.

¿Puede una migración masiva a software libre mejorar la ciberseguridad?
Depende del caso. El código abierto facilita auditoría y transparencia, pero la seguridad real exige mantenimiento continuo, parches rápidos, revisión de dependencias y equipos que sepan operar y monitorizar sistemas. Sin financiación y gobernanza, el riesgo se mantiene.

¿Qué sectores europeos pueden verse más afectados por las decisiones de soberanía digital?
Especialmente los que gestionan infraestructuras críticas o datos sensibles: administración pública, sanidad, energía, telecomunicaciones, defensa, banca y grandes plataformas que dependen de nube, colaboración y herramientas de productividad a gran escala.