La comunidad tecnológica reacciona al fallo que autoriza a LALIGA y Telefónica a bloquear direcciones IP sin transparencia ni control efectivo.

El debate sobre el control del acceso a Internet ha estallado en España. La organización RootedCON, referente en el ámbito de la ciberseguridad, ha anunciado la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el fallo que permite a LALIGA y Telefónica bloquear direcciones IP bajo el argumento de lucha contra la piratería audiovisual.

Para RootedCON, esta sentencia, ratificada recientemente por el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona, constituye una grave amenaza para las libertades digitales y la arquitectura técnica de Internet en España. En un comunicado, la organización denuncia la “falta de proporcionalidad y garantías” en el procedimiento y alerta del precedente que puede generar para otros sectores más allá del fútbol.

Internet, en riesgo de fragmentación controlada

La polémica gira en torno a los bloqueos masivos aplicados cada jornada de fútbol con el fin de impedir el acceso a emisiones ilegales de partidos. Sin embargo, según RootedCON y múltiples afectados, estas medidas afectan a decenas de miles de sitios web y servicios totalmente legítimos, incluyendo plataformas de pago como Redsys, páginas de empresas, servicios de videojuegos, redes sociales e incluso herramientas administrativas.

“Estamos asistiendo a un modelo de censura técnica sin debate público ni supervisión efectiva, con consecuencias económicas y de derechos reales”, advierten desde RootedCON, que acumula 15 años como plataforma de referencia en pensamiento crítico y formación en ciberseguridad.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha reforzado esta posición elevando una solicitud formal al Congreso para frenar lo que considera una práctica abusiva que viola derechos fundamentales como el acceso a la información o la libertad de empresa. “Una autorización judicial no puede convertirse en carta blanca para que empresas privadas ejecuten bloqueos indiscriminados con daños colaterales masivos”, afirma.

La posición de LALIGA: “No hay perjuicio acreditado”

Desde LALIGA, la respuesta ha sido inmediata y firme. En declaraciones remitidas a los medios, la organización subraya que “cumple con el ordenamiento jurídico” y que el auto del juzgado avaló la legalidad del procedimiento y descartó cualquier vulneración de derechos fundamentales, así como la existencia de perjuicios directos acreditados.

“El procedimiento es legal, está amparado por la normativa de propiedad intelectual y servicios digitales, y el fallo judicial fue claro: los solicitantes no probaron daño alguno ni tienen legitimación para representar los derechos que alegan”, reza el comunicado.

Además, LALIGA recuerda que su objetivo es proteger el ecosistema audiovisual y garantizar la sostenibilidad de la competición, los clubes y la industria del entretenimiento, gravemente perjudicados por la piratería.

De la piratería al control de la red: ¿dónde está el límite?

El caso RootedCON vs. LALIGA va mucho más allá del fútbol. Representa uno de los conflictos más significativos en la intersección entre propiedad intelectual, neutralidad de la red y derechos digitales. La capacidad de empresas privadas para influir, sin control suficiente, en el acceso a servicios y contenidos en línea plantea serias dudas sobre el modelo de gobernanza de Internet en España.

En este contexto, el papel del Tribunal Constitucional será decisivo. De admitir a trámite el recurso de amparo, podría sentarse jurisprudencia clave sobre el equilibrio entre la protección de derechos comerciales y el respeto a libertades fundamentales en el ámbito digital.

Mientras tanto, cada jornada de fútbol se convierte en un experimento legal con consecuencias imprevisibles para el ecosistema digital. El resultado del partido aún está en juego.