La contratación pública de servicios cloud en España está dejando de ser una suma de proyectos dispersos para convertirse en una infraestructura estructural. La señal más clara llega desde los datos de TendersTool: en 2025, las licitaciones vinculadas a servicios cloud alcanzaron los 146,6 millones de euros, concentrados en 13 contratos de gran dimensión. No es solo un salto de volumen; es, sobre todo, un cambio de patrón. En el sector público ya no se habla de “migrar a la nube” como un hito aislado, sino de sostener operación, interoperabilidad y continuidad de sistemas críticos a medio y largo plazo.

Ese movimiento hacia contratos menos numerosos pero más grandes también endurece el listón. Cuando la inversión se concentra en organismos estratégicos, la estrategia de los proveedores cambia: el diferencial no está únicamente en presentarse a un concurso, sino en entender qué entidades marcan el ritmo de la digitalización pública y cómo evoluciona su demanda. En la práctica, este tipo de compras suelen exigir capacidades técnicas más maduras: acuerdos de nivel de servicio (SLA) más estrictos, trazabilidad, modelos de gobierno del dato, seguridad “por diseño” y equipos con músculo para operar entornos complejos durante años.

Menos procesos, más continuidad: el mercado se profesionaliza

El análisis de TendersTool apunta a una idea clave: el crecimiento del cloud público no siempre se traduce en “más licitaciones”, sino en contratos de mayor tamaño y continuidad. Para administraciones con sistemas críticos, la nube pasa a ser una pieza de infraestructura de la que dependen servicios cotidianos, no un experimento. Y eso empuja a estandarizar: se priorizan arquitecturas repetibles, catálogos de servicios, marcos de operación y, sobre todo, capacidad real de entregar y mantener.

En paralelo, crece la necesidad de posicionamiento previo. En un mercado B2G donde la concentración eleva la competencia, anticiparse significa poder responder mejor a requisitos técnicos que ya no se improvisan: segmentación de redes, gestión de identidades, cifrado, monitorización, continuidad de negocio, automatización y políticas de cumplimiento.

La soberanía cloud deja de ser un eslogan: Gartner habla de 80.427 M$ en 2026

Este giro local encaja con una tendencia internacional más amplia: la nube soberana ya no se discute únicamente en términos normativos, sino como una prioridad estratégica frente a los hiperescalares tradicionales. Gartner prevé que el gasto mundial en IaaS de nube soberana alcanzará 80.427 millones de dólares en 2026, con un crecimiento anual del 35,6%, y estima que la llamada “geopatriación” desplazará el 20% de las cargas de trabajo desde proveedores globales hacia actores locales. En el mapa regional, Europa destaca por su aceleración: la consultora anticipa que el continente superará a Norteamérica en gasto en este segmento en 2027.

Detrás de esas cifras hay una lectura operativa: gobiernos, sectores regulados e infraestructuras críticas están tratando la soberanía como un requisito de diseño. No se trata solo de “dónde están los datos”, sino de jurisdicción, control, resiliencia y capacidad de ejecutar cargas sensibles con menor exposición a tensiones geopolíticas.

El Estado refuerza su nube: NubeSARA y el CPD de El Escorial como pieza crítica

En España, esa narrativa de soberanía está encontrando soporte en infraestructuras públicas. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó recientemente el CPD de la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) en El Escorial como “eje” del ecosistema digital de la Administración General del Estado. Según la nota oficial, desde allí se prestan servicios transversales utilizados por millones de ciudadanos, decenas de miles de empleados públicos y miles de organismos.

La pieza más relevante para entender el momento actual es NubeSARA, descrita como la nube privada, soberana y segura de la Administración del Estado. El Ministerio detalla que integra múltiples CPD, con más de 12.000 máquinas virtuales, más de 50 entidades usuarias y presencia en todo el territorio a través de Red SARA. Además, el CPD se presenta como preparado para cargas de alta densidad y para una futura plataforma soberana de IA que permita desplegar modelos entrenados —se cita como ejemplo ALIA— y servicios de IA generativa para ciudadanía y organismos públicos, incluyendo capacidad de cómputo intensivo (GPU) en un entorno soberano.

En otras palabras: mientras el mercado licita grandes contratos cloud, el Estado también reivindica que puede operar infraestructura crítica bajo titularidad pública, con foco en control de datos, jurisdicción y estándares de seguridad.

Oracle y el debate incómodo: ¿soberanía es “región europea” o proveedor local?

La soberanía cloud, sin embargo, no es un concepto unívoco. En los últimos días, el debate se reactivó tras la reunión en Madrid para explorar colaboración con Oracle alrededor de su Oracle EU Sovereign Cloud. El planteamiento gira en torno a servicios equivalentes a nube pública, pero adaptados a requisitos europeos de soberanía y normativa, y se enmarca en el posicionamiento inversor de Oracle en Europa y en España.

Ahí aparece una discusión de fondo que muchos actores del sector consideran inevitable: para una parte del mercado, “soberano” no debería reducirse a operar en territorio europeo bajo un marco contractual específico, sino a apoyarse en proveedores locales con control y cadena de suministro más próxima. En España existen empresas que se presentan como alternativas nacionales para infraestructura y servicios —desde grandes grupos de telecomunicaciones hasta proveedores especializados— y el reto para las políticas públicas será definir con precisión qué se entiende por soberanía y cómo se mide en los pliegos: propiedad, operación, control del dato, dependencia tecnológica, capacidad de salida y portabilidad.

Qué significa esto para sysadmins y desarrolladores

Para perfiles técnicos, el cambio de fase tiene consecuencias claras. Si los contratos son más grandes y duraderos, las administraciones tenderán a exigir más garantías de operación y migración: automatización consistente, observabilidad madura, gobernanza de identidades, segmentación de redes y planes de continuidad que funcionen en producción, no en presentaciones. Y para desarrolladores, el impacto suele llegar vía plataforma: más estandarización de entornos, mayor presión por portabilidad, y arquitecturas que reduzcan el riesgo de dependencia a un único proveedor.

En ese contexto, los números de 2025 (146,6 M€ concentrados en 13 grandes licitaciones) se leen como un síntoma: la nube en el sector público ya no está “entrando”, está asentándose. Y cuando se asienta, el debate deja de ser ideológico y se vuelve técnico: quién opera, bajo qué control, con qué garantías, y cómo se evita que la soberanía termine siendo solo un nombre en el contrato.

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Preguntas frecuentes

¿Qué significa “nube soberana” en contratación pública?
Suele implicar requisitos reforzados de jurisdicción, control y protección del dato, además de condiciones de operación y cumplimiento que buscan reducir dependencias externas.

¿Por qué hay menos licitaciones cloud pero de mayor tamaño?
Porque el cloud se está tratando como infraestructura estructural: se buscan contratos con continuidad, alcance amplio y operación sostenida, en lugar de proyectos aislados.

¿Qué es NubeSARA y por qué se menciona en la estrategia digital del Estado?
Es la nube privada, soberana y segura de la AGE, operada por la AEAD, con servicios para alojar aplicaciones críticas y capacidades de cómputo y almacenamiento para organismos públicos.

¿Cómo puede un proveedor o equipo técnico prepararse para concursos cloud de gran dimensión?
Con evidencias de operación real (SLA, seguridad, monitorización), automatización consistente, planes de continuidad probados y una propuesta clara de gobierno del dato y portabilidad.

vía: tenderstool