La multinacional estadounidense DXC Technology, encargada de proporcionar servicios informáticos y de gestión a grandes empresas y entidades públicas en España, se enfrenta a una huelga de sus trabajadores que podría tener un impacto significativo en sectores clave de la economía del país. Los empleados de DXC, que suman alrededor de 7.500, están llamados a secundar paros durante siete días estratégicamente seleccionados, comenzando el 21 de marzo y extendiéndose hasta el 5 de junio.
La principal razón detrás de esta protesta laboral es la demanda de incrementos salariales por parte de los trabajadores, quienes alegan haber perdido un 17% de su poder adquisitivo desde 2020, lo que equivale a dos meses de salario anual. Según los sindicatos convocantes, entre los que se encuentran CGT, CNT, CCOO, CSI, USO, Intersindical-CSC, OSTA y UGT, la empresa ha registrado récords de facturación y beneficios en los últimos años, además de contratar más personal y ahorrar en costes de alquiler de oficinas gracias al teletrabajo. Sin embargo, estos beneficios no se han visto reflejados en los salarios de los empleados, algunos de los cuales llevan más de una década con sus remuneraciones congeladas.
La huelga de DXC Technology supone una seria amenaza para las empresas y entidades que dependen de sus servicios informáticos. Entre sus principales clientes se encuentran gigantes de la banca como ABANCA, EVO Banco y Caixabank, así como empresas estatales de la talla de Renfe. La compañía ferroviaria adjudicó en 2021 a DXC un contrato relacionado con la venta online de billetes, por lo que la huelga podría afectar directamente a este servicio en un momento especialmente sensible, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa.
Pero Renfe no es la única entidad que podría verse perjudicada por los paros. Buena parte del sector bancario español se apoya en los servicios de DXC Technology, por lo que la huelga podría provocar incidencias técnicas y fallos en el funcionamiento de cajeros automáticos en todo el territorio nacional. Otras empresas, como la de mensajería MRW, también podrían sufrir problemas en sus servicios web debido a la falta de soporte durante los días de protesta.
Los sindicatos han elegido cuidadosamente las fechas de los paros para maximizar su impacto. Los primeros días de huelga, el 21 y 22 de marzo, coinciden con una huelga convocada en el sector bancario y con el inicio de la Semana Santa. Las siguientes jornadas de protesta, el 29 y 30 de abril, buscan afectar a los procesos que muchas empresas cierran a fin de mes. Por último, los paros del 3, 4 y 5 de junio apuntan al comienzo de mes, cuando se registra un mayor volumen de consultas en los servicios de asistencia técnica.
La huelga de DXC Technology pone de manifiesto la creciente importancia del sector informático en el funcionamiento de grandes empresas y servicios públicos. En un mundo cada vez más digitalizado, la dependencia de compañías especializadas en tecnología es cada vez mayor, lo que otorga a sus trabajadores un poder de negociación considerable. Los paros convocados por los empleados de DXC son un claro ejemplo de cómo una protesta laboral en este sector puede tener un impacto significativo en la economía de un país.
Ante esta situación, la multinacional estadounidense se enfrenta al desafío de encontrar una solución que satisfaga las demandas de sus trabajadores y evite una huelga prolongada que podría dañar seriamente su reputación y relaciones con clientes clave en España. Por su parte, las empresas y entidades afectadas deberán prepararse para posibles disrupciones en sus servicios informáticos y buscar alternativas para minimizar el impacto de la huelga en su actividad.
En resumen, la huelga de informáticos de DXC Technology supone un serio reto para la economía española, con potenciales consecuencias en sectores estratégicos como la banca, el transporte y los servicios públicos. Este conflicto laboral evidencia la necesidad de que las empresas tecnológicas valoren adecuadamente el trabajo de sus empleados y establezcan mecanismos de diálogo para evitar protestas que puedan perjudicar a terceros. Solo así podrá garantizarse la estabilidad y el buen funcionamiento de unos servicios informáticos cada vez más cruciales para el día a día de ciudadanos y empresas.
vía: Xataka y El Comercio.
