Europa endurece el cerco a Huawei y ZTE y prepara una salida obligatoria de proveedores chinos de la infraestructura crítica

Bruselas se dispone a dar un paso que, en la práctica, cambia las reglas del juego en un terreno donde Europa llevaba años avanzando con cautela: el acceso de proveedores considerados “de alto riesgo” a la infraestructura crítica. La Comisión Europea prevé presentar el martes 20 de enero de 2026 una propuesta para convertir en obligatorias —y no meramente voluntarias— las medidas de seguridad que hasta ahora recomendaban a los Estados miembros limitar o eliminar gradualmente equipos de compañías como Huawei y ZTE en sectores sensibles.

La iniciativa, según la información publicada en los últimos días, no se circunscribe únicamente a las redes de telecomunicaciones. El planteamiento que se maneja en Bruselas amplía el foco hacia otros ámbitos de alto impacto, como sistemas vinculados al sector energético —incluida la energía solar—, en un contexto donde la Unión Europea intenta reducir dependencias tecnológicas estratégicas bajo el enfoque de “de-risking”.

De recomendaciones a obligaciones: el punto de inflexión

Hasta ahora, el marco europeo para blindar el despliegue de 5G y redes críticas ha descansado en un enfoque de orientación y coordinación, con margen para que cada país modulase el ritmo y la intensidad de sus restricciones. Esa flexibilidad ha derivado en un mapa desigual dentro de la UE: algunos Estados han endurecido la posición frente a proveedores chinos, mientras otros han preferido mantener la puerta entreabierta por motivos de coste, plazos de despliegue o equilibrio diplomático.

En 2023, la Comisión ya había elevado el tono al considerar justificadas —y alineadas con la “caja de herramientas” europea de ciberseguridad 5G— las decisiones de ciertos países de restringir o excluir a Huawei y ZTE, subrayando preocupaciones por el riesgo asociado a determinados suministradores en redes críticas. La novedad ahora es el salto desde la presión política y la recomendación técnica hacia un marco más vinculante, con efectos potencialmente homogéneos en todo el mercado interior.

Huawei: del auge en consumo al anclaje en redes

La dimensión del debate no puede separarse del peso industrial acumulado por Huawei en Europa. La marca, que durante años compitió con fuerza en smartphones —hasta que las restricciones y sanciones estadounidenses afectaron su acceso a tecnologías y servicios clave en el ecosistema móvil—, consolidó en paralelo su negocio de infraestructura de red, donde sus equipos se han mantenido como una opción atractiva por prestaciones y precio en múltiples mercados.

Ese legado explica por qué el plan europeo abre un frente delicado: retirar o sustituir tecnología ya desplegada no es una operación cosmética. Implica rediseños, cambios de proveedor, validación técnica, disponibilidad de stock, planificación logística y, en último término, impacto en inversiones que los operadores amortizan a varios años vista.

España y Alemania: el pulso político y el coste del “rip and replace”

El movimiento de Bruselas llega con la experiencia reciente de países donde el debate ha sido especialmente tenso. Alemania, por ejemplo, pactó en 2024 un proceso por fases para retirar componentes de Huawei y ZTE: primero del núcleo (core) de 5G con horizonte de finales de 2026, y después en capas periféricas con un plazo más largo. Ese modelo ilustra el equilibrio que buscan los gobiernos: seguridad y resiliencia, pero sin provocar un corte abrupto que comprometa continuidad del servicio.

En paralelo, operadores paneuropeos han ido ajustando su estrategia a medida que las exigencias regulatorias se endurecían. Telefónica comunicó en 2025 que estaba retirando equipamiento 5G de Huawei en España y Alemania para alinearse con los marcos normativos de ambos países, mientras mantenía el uso del proveedor en mercados sin restricciones comparables. La lectura del sector es clara: cuando las reglas cambian, la cadena de suministro se reconfigura, aunque sea a ritmos distintos por geografía.

Seguridad, soberanía y una dependencia “doble”

La propuesta, además, se produce en un momento en que la UE intenta reforzar una idea política que gana peso en Bruselas: no se trata solo de reducir dependencia de China, sino de evitar una dependencia excesiva de cualquier actor externo, incluidas grandes compañías estadounidenses. Ese enfoque conecta con la agenda europea de soberanía tecnológica —y con movimientos del mercado como la creación de ofertas “soberanas” para clientes europeos por parte de proveedores de nube—, en respuesta a la creciente sensibilidad sobre dónde se alojan los datos, quién administra la infraestructura y bajo qué jurisdicción operan los servicios.

Para la UE, el debate sobre proveedores “de alto riesgo” es una pieza más de una estrategia mayor: reforzar la seguridad de la cadena de suministro, limitar superficies de ataque en sectores críticos y ganar margen de autonomía ante un escenario de tensiones geopolíticas persistentes.

La reacción de China: inversión y acusaciones de proteccionismo

Como era previsible, Pekín ha reaccionado públicamente. El 19 de enero de 2026, el Ministerio de Exteriores chino instó a la UE a no dañar la confianza de las empresas chinas para invertir en Europa, criticando el planteamiento como una forma de “proteccionismo” y reclamando un entorno “no discriminatorio”. Ese choque verbal anticipa que la discusión no será solo técnica: la medida puede convertirse en un nuevo punto de fricción comercial en la relación entre Bruselas y Pekín.

Qué puede cambiar a corto plazo en el mercado europeo

Si la propuesta cristaliza en normas obligatorias, el impacto se notará en varios frentes:

  • Operadores y utilities: tendrán que adaptar planes de compra y sustitución, con calendarios que podrían diferir según el riesgo del segmento (núcleo, transporte, acceso; o componentes en energía).
  • Competencia de proveedores: se reforzará el papel de fabricantes considerados “de confianza” en Europa, con el riesgo de una mayor concentración si las alternativas se reducen.
  • Costes y plazos: el reemplazo de equipamiento crítico exige ventanas operativas, pruebas y compatibilidades. El sector teme que un calendario demasiado agresivo tensione presupuestos y despliegues.
  • Efectos sistémicos: la infraestructura crítica no funciona por “silos”; telecomunicaciones, energía y servicios digitales se retroalimentan. Las decisiones de un sector pueden arrastrar al otro.

Por ahora, el paso clave es político: presentación formal, negociación y aterrizaje nacional. Pero el mensaje de fondo ya está emitido: Europa quiere que su infraestructura crítica se parezca cada vez menos a un tablero dependiente de decisiones tecnológicas externas y cada vez más a un sistema gobernable desde dentro.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Huawei y ZTE sean “proveedores de alto riesgo” en la UE?
Implica que, según evaluaciones de seguridad y gestión de riesgos en redes críticas, su participación puede considerarse especialmente sensible por el grado de exposición que tendría un fallo, una intrusión o una dependencia prolongada en infraestructuras esenciales.

¿Afectará esta medida al 5G en España, en cobertura o calidad de servicio?
El objetivo regulatorio suele ser que la transición se haga de forma planificada, evitando interrupciones. El efecto más probable para el usuario final no es una caída inmediata de servicio, sino cambios en inversión y calendarios de modernización, dependiendo de cómo se fijen los plazos.

¿Qué alternativas existen a Huawei y ZTE en infraestructura de telecomunicaciones?
En Europa, los proveedores más habituales en redes móviles y troncales han sido grupos como Nokia y Ericsson, además de otras opciones presentes en distintos segmentos. La cuestión estratégica es evitar que la salida de un actor derive en dependencia excesiva de muy pocos suministradores.

¿Por qué la UE incluye sectores como energía solar dentro de la conversación sobre seguridad?
Porque la infraestructura energética incorpora cada vez más electrónica conectada, telemetría y sistemas de control. En un entorno de amenazas híbridas y ciberataques, la seguridad de la cadena de suministro y de los componentes conectados se considera parte de la resiliencia nacional y europea.

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