La justicia europea ha puesto punto y seguido —que no punto final— a uno de los casos más largos y simbólicos de la industria del chip. El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado que Intel abusó de su posición dominante en el mercado de CPU x86 para frenar a AMD, dando por probadas las prácticas anticompetitivas que Bruselas persigue desde hace casi dos décadas. Eso sí, la corte ha recortado de forma significativa la multa: de 376 millones de euros a 237,1 millones de euros, aproximadamente 278 millones de dólares.
La resolución no absuelve a Intel ni reescribe la historia. Al contrario, consolida la narrativa que muchos analistas y aficionados a la informática daban por sentada: durante años, el gigante de Santa Clara utilizó su poder de mercado para complicar, cuando no bloquear, la llegada de productos con procesadores AMD a los grandes fabricantes de ordenadores.
Qué ha decidido exactamente el Tribunal General de la UE
El fallo del Tribunal General confirma la decisión de la Comisión Europea de 2023, que ya había recalculado una parte de la sanción histórica impuesta a Intel en 2009 —entonces de 1.060 millones de euros, un récord en materia de competencia en la UE— para centrarse en las llamadas “restricciones desnudas” (naked restrictions).
Estas restricciones no son simples descuentos agresivos o rebajas por volumen, sino pagos directos a fabricantes y distribuidores para retrasar, limitar o cancelar equipos basados en procesadores AMD. Según la Comisión y ahora también el Tribunal, Intel realizó este tipo de pagos entre 2002 y 2006 a compañías como HP, Acer y Lenovo, condicionando la presencia de AMD en el mercado de consumo.
La corte con sede en Luxemburgo considera probado que esas prácticas constituían un abuso de posición dominante en el mercado x86 y que tuvieron un efecto real sobre la competencia, al reducir la libertad de los fabricantes para elegir proveedor y limitar el acceso de AMD a determinados segmentos del mercado.
Por qué se reduce entonces la multa
Si el abuso se mantiene, ¿por qué baja la sanción? El Tribunal General introduce un matiz importante: proporcionalidad. Los jueces concluyen que la Comisión no ponderó correctamente todos los factores relevantes al fijar en 2023 la multa de 376 millones de euros.
En concreto, el Tribunal señala:
- El número relativamente limitado de modelos de ordenador afectados por las restricciones.
- La existencia de intervalos de hasta un año entre algunos de los comportamientos anticompetitivos.
Con estos elementos, la corte considera que una sanción de 237,1 millones de euros refleja mejor la gravedad y la duración de la infracción. Es un recorte de alrededor de 140 millones, pero no cambia el mensaje de fondo: Intel abusó de su dominio y vulneró las normas europeas de competencia.
Un caso que viene de lejos: de la multa récord a la corrección final
El expediente contra Intel en Europa tiene historia:
- 2009: la Comisión Europea impone una multa récord de 1.060 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de microprocesadores, combinando rebajas de fidelidad y restricciones directas a la competencia.
- 2022: el Tribunal General anula gran parte de esa sanción por entender que el análisis económico no había sido suficientemente riguroso en todos los aspectos.
- 2023: la Comisión recalcula la multa y se centra en las “restricciones desnudas”, fijando un nuevo importe de 376,36 millones de euros.
- 2025: el Tribunal General confirma el abuso, pero rebaja la cifra final a unos 237 millones de euros.
La propia Comisión y Intel aún pueden recurrir esta última decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima instancia europea. Sin embargo, a efectos prácticos, el caso entra en su fase final con una conclusión clara: las prácticas de Intel fueron anticompetitivas y vulneraron el derecho europeo.
Qué significa para Intel… y para AMD
Para Intel, el fallo es una victoria a medias. La compañía se ahorra cerca de 140 millones de euros respecto a la multa de 2023 y muchísimo más si se compara con la cifra récord de 2009. Pero pierde en el terreno reputacional y jurídico: queda confirmado, negro sobre blanco, que abusó de su posición dominante en el mercado de CPU x86.
En un momento en el que el fabricante intenta reposicionarse frente a NVIDIA y AMD en el terreno de la inteligencia artificial, los centros de datos y la fabricación como foundry para terceros, este tipo de resoluciones recuerdan que su historial en materia de competencia seguirá encima de la mesa de los reguladores.
Para AMD, la sentencia tiene un peso más simbólico que económico. No supone una compensación directa para la compañía, pero sí el reconocimiento oficial de algo que en el sector se comentaba desde hace años: durante buena parte de los 2000 compitió en un terreno inclinado, donde la calidad de sus productos no era el único factor que decidía qué CPU llegaba a los grandes fabricantes de PC.
Ese contexto da más valor, a posteriori, al giro que ha protagonizado AMD en la última década, especialmente bajo la dirección de Lisa Su, tanto en CPU como en GPU.
Un mensaje para todo el sector tecnológico
Más allá del duelo Intel–AMD, el caso lanza un mensaje claro a toda la industria tecnológica: Europa no olvida ni se cansa con el paso del tiempo. La UE ya había demostrado con otros gigantes —como Microsoft en su día— que está dispuesta a mantener vivos expedientes complejos durante años hasta lograr una resolución sólida.
La decisión también refuerza la idea de que los reguladores europeos diferencian entre:
- Competencia agresiva, pero legítima, vía precios y descuentos.
- Y acuerdos que cruzan la línea, cuando condicionan de forma directa qué productos llegan al mercado y cuáles se quedan fuera.
En el fondo, el Tribunal General está diciendo a los grandes actores del sector que los acuerdos comerciales no pueden convertirse en una barrera invisible para rivales más pequeños, aunque estos solo aspiren a una parte del mercado.
¿Y ahora qué?
El próximo movimiento será decidir si Intel o la propia Comisión llevan el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. No se trata de un nuevo juicio completo, sino de una revisión limitada a cuestiones de derecho.
Si no hay recurso, la multa de 237,1 millones quedará firme y el caso se recordará como:
- Una de las batallas legales más largas de la historia del hardware de consumo.
- Un aviso a navegantes para cualquier empresa con posición dominante en mercados críticos como los chips, la nube o la IA.
- Y una pieza más en el puzle de cómo Europa quiere regular a sus proveedores tecnológicos, sean estadounidenses, europeos o asiáticos.
Mientras tanto, el mercado x86 vive un momento muy distinto al de los años 2000, con AMD más fuerte que nunca, Intel intentando redefinir su papel en la era de la IA y una nueva oleada de regulaciones digitales que apunta a que, en la próxima década, las prácticas comerciales de los gigantes tecnológicos serán observadas aún más de cerca que en la anterior.
vía: reuters y elchapuzasinformatico
