En un movimiento legislativo sin precedentes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley presupuestaria que incluye una cláusula que prohíbe a los estados regular la inteligencia artificial (IA) durante los próximos diez años. La medida ha generado una oleada de críticas por su posible impacto en la soberanía legislativa estatal y en la protección de los derechos de los ciudadanos frente al uso creciente de tecnologías automatizadas.
La disposición, oculta entre recortes sociales y ampliaciones fiscales en el voluminoso texto presupuestario, fue respaldada por la mayoría republicana de la Cámara y aún debe pasar por el filtro del Senado, donde podría enfrentar obstáculos legales por incumplir la conocida como “Regla Byrd”, que impide añadir elementos no presupuestarios durante el proceso de reconciliación.
Una cláusula polémica en un paquete aún más controvertido
El paquete aprobado incluye, además del veto a la legislación estatal sobre IA, recortes de 625.000 millones de dólares en Medicaid, 300.000 millones en cupones de alimentos (SNAP) y hasta 500.000 millones en Medicare, al tiempo que amplía recortes fiscales que benefician a las rentas más altas. En paralelo, suprime incentivos como el crédito fiscal para vehículos eléctricos.
Pero el elemento que ha generado mayor sorpresa —y alarma— es la cláusula que impediría a los estados promulgar leyes sobre IA hasta 2035. La medida fue calificada por grupos de derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation como “una concesión directa a los gigantes tecnológicos”, al dejar el mercado sin ninguna regulación efectiva durante una década.
División en el Senado y preocupaciones bipartidistas
Aunque el proyecto fue aprobado en la Cámara baja mayoritariamente por legisladores republicanos, algunos senadores del mismo partido han mostrado reparos. Marsha Blackburn (Tennessee) alertó de que podría invalidar normas estatales que protegen a los artistas frente a deepfakes, mientras que Josh Hawley (Misuri) criticó el intento de silenciar iniciativas locales para abordar los riesgos de la IA.
Los defensores del veto afirman que evitará un “caos regulatorio” entre estados mientras el Congreso elabora un marco legal nacional. Pero los detractores lo ven como una incoherencia ideológica por parte de quienes históricamente han defendido la autonomía legislativa estatal.
Advertencia desde la oposición
Durante la tramitación del texto, la congresista demócrata Lori Trahan fue tajante: “Las familias que han pedido ayuda a este comité no se beneficiarán de esta cláusula. Los únicos ganadores serán los directivos de las grandes tecnológicas, cómodamente sentados detrás de Trump en su toma de posesión”.
Actualmente, algunos estados ya cuentan con normativas sobre inteligencia artificial, especialmente orientadas a evitar discriminaciones en procesos automatizados de selección de personal o a controlar el uso de contenidos manipulados por IA, como los deepfakes. De aprobarse la ley en el Senado, todas esas normas quedarían suspendidas.
¿El principio de una batalla legal?
Diversos analistas apuntan a que, más allá de su aprobación formal, la cláusula podría derivar en desafíos constitucionales por vulnerar el equilibrio de competencias entre federación y estados. Además, podría abrir un frente judicial en el que se verán implicadas organizaciones civiles, tecnológicas y gobiernos regionales.
En palabras de expertos como Rob Enderle, analista tecnológico: “Esto es un paso atrás. Justo cuando los ciudadanos más necesitan protección frente a los riesgos de una tecnología emergente, se les deja sin herramientas legales efectivas”.
Si el Senado no bloquea o modifica la propuesta, Estados Unidos podría convertirse en uno de los pocos países democráticos donde las tecnológicas operen sin regulación estatal alguna en materia de inteligencia artificial durante una década. Un escenario que, para muchos, es tan inédito como preocupante.
