La cárcel estatal de Nueva Jersey prohíbe memorias USB, pero permite hasta 20 disquetes de 1,44 MB, obligando a los internos a depender de una tecnología extinta para defender su libertad
En pleno 2025, cuando el mundo debate sobre inteligencia artificial, satélites de órbita baja y supercomputadoras, en la cárcel estatal de Nueva Jersey el tiempo parece haberse detenido en los años 80. Allí, los presos que necesitan trabajar en sus apelaciones judiciales lo hacen con disquetes de 3,5 pulgadas, soportando todas las limitaciones de un formato cuya producción cesó en 2011.
El caso fue revelado por Jorge Luis Alvarado, interno de esa prisión, en un artículo publicado en el Prison Journalism Project (PJP) y recogido por medios tecnológicos como Tom’s Hardware. Su testimonio refleja cómo la brecha digital en el sistema penitenciario estadounidense puede afectar derechos fundamentales, como el acceso a una defensa justa.
Una justicia limitada por 1,44 MB
Los abogados de Alvarado, como la mayoría en la actualidad, envían documentos en memorias USB. Sin embargo, dentro de la prisión no se permite la posesión de estos dispositivos. La única alternativa consiste en trasladar los archivos a disquetes desde un ordenador especial de la biblioteca legal del centro.
La capacidad de estos soportes es ridícula para los estándares actuales: apenas 1,44 MB por disco. “Un solo escrito legal puede ocupar fácilmente dos disquetes”, denuncia Alvarado. Y no siempre basta con dos. Si el expediente incluye anexos, sentencias previas o pruebas digitalizadas, la fragmentación del archivo se multiplica y la gestión se vuelve caótica.
Además, los internos solo pueden tener un máximo de 20 disquetes en sus celdas. Alvarado cuenta con 12, pero advierte que mantenerlos en buen estado es una tarea complicada, ya que los disquetes son frágiles y se corrompen con facilidad, obligando a duplicar copias como medida de seguridad.
Una tecnología muerta en el mundo exterior
El problema se agrava porque los disquetes ya no se fabrican. Sony, último gran productor, cerró su línea en 2011. En el “mundo libre”, las memorias USB, el almacenamiento en la nube o incluso simples CD dejaron atrás a los disquetes hace más de dos décadas.
En cambio, dentro de la prisión, el ecosistema tecnológico parece detenido en 1985. Los internos todavía utilizan procesadores de texto arcaicos, máquinas de escribir eléctricas y, claro, los disquetes como único medio de almacenamiento portátil permitido.
La paradoja es evidente: la sociedad avanza hacia la digitalización y la inteligencia artificial, mientras los presos deben armar su defensa con una tecnología extinta.
El coste del retraso tecnológico
El acceso a la biblioteca jurídica para transferir archivos desde USB a disquete puede tardar días en autorizarse, un retraso crítico cuando los plazos legales corren en contra. En los procesos de apelación, donde cada hora cuenta, estas demoras se convierten en obstáculos graves para el derecho a una defensa efectiva.
Alvarado denuncia que esta situación lo coloca en desventaja frente al sistema judicial. “Podríamos revisar los documentos en celdas con portátiles sin conexión a internet o con tabletas restringidas, pero no nos lo permiten”, escribe.
Argumentos a favor y en contra
Algunos defensores de la política penitenciaria argumentan que no debe proporcionarse tecnología avanzada a los presos, tanto por motivos de seguridad como para evitar un acceso privilegiado a herramientas que podrían usarse de forma indebida.
Sin embargo, asociaciones de derechos humanos y expertos en justicia advierten que impedir el acceso a medios tecnológicos básicos socava la capacidad de los internos para preparar su defensa.
Estudios recientes estiman que entre el 4 % y el 6 % de los encarcelados en Estados Unidos podrían ser inocentes. Para estos casos, cada obstáculo tecnológico representa una carga adicional que puede marcar la diferencia entre recuperar la libertad o permanecer injustamente tras las rejas.
Una brecha digital con consecuencias humanas
La prisión estatal de Nueva Jersey presume en su fachada de haber sido construida en 1835, pero puertas adentro, los reclusos sienten que también el tiempo en materia tecnológica quedó detenido.
Alvarado sintetiza su situación con crudeza: “Estamos intentando entrar al mundo moderno, porque lo necesitamos para hacer el trabajo más importante: abogar por nuestra libertad”.
Mientras tanto, la ironía es evidente: en una época en que cualquier estudiante guarda terabytes de información en un disco portátil, un preso en EE. UU. lucha por su apelación con apenas 1,44 MB de espacio y la esperanza de que su disquete no falle.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Por qué las prisiones prohíben memorias USB pero permiten disquetes?
La restricción se debe principalmente a motivos de seguridad informática. Las memorias USB pueden introducir software malicioso o facilitar comunicaciones no autorizadas. Los disquetes, al estar prácticamente obsoletos, se consideran “más seguros”, aunque sean ineficaces.
¿Cuándo dejaron de fabricarse los disquetes?
La última gran compañía en producirlos fue Sony, que cerró su línea en 2011. Desde entonces solo se encuentran en mercados de segunda mano o a través de distribuidores especializados, lo que limita su disponibilidad.
¿Qué alternativas podrían usar los presos para acceder a documentos legales?
Existen opciones viables y seguras, como portátiles restringidos sin conexión a internet, tabletas de uso interno o sistemas de intranet controlados que permitirían a los internos acceder a sus archivos sin riesgo de fuga de información.
¿Qué riesgo supone para los procesos judiciales seguir usando disquetes?
El principal problema es la pérdida de datos por corrupción de archivos, la fragmentación en múltiples discos y los retrasos en el acceso a la biblioteca jurídica, lo que dificulta cumplir con plazos legales y puede afectar negativamente a las apelaciones.
