La medida busca frenar el supuesto monopolio de búsquedas en internet y podría marcar un antes y un después en la regulación tecnológica.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha intensificado su lucha contra Google, exigiendo que la compañía venda su navegador Google Chrome como parte de una estrategia para equilibrar el mercado y combatir prácticas monopolísticas en el ámbito de las búsquedas en internet. La decisión, que debe ser evaluada por el juez federal Amit Mehta, podría suponer un hito histórico en la regulación de las grandes tecnológicas.
El trasfondo del caso: acusaciones de monopolio
Según el DOJ, Google habría monopolizado ilegalmente el mercado de búsquedas en línea, utilizando Chrome como una herramienta para consolidar su posición dominante. Chrome, el navegador más utilizado en Estados Unidos con un 61% de cuota de mercado, desempeña un papel central en el ecosistema de Google, sirviendo como plataforma para fomentar el uso de su motor de búsqueda y otros servicios, como Google Ads y Google Play.
La medida propuesta no solo afectaría a Chrome. También se plantean cambios significativos en Android, el sistema operativo móvil de Google, aunque sin requerir su venta. En este caso, el DOJ exige que Android sea independiente de los servicios principales de la compañía, como el buscador de Google y Google Play, lo que permitiría a los usuarios elegir libremente qué aplicaciones y servicios desean utilizar.
Un caso que comenzó en la administración Trump
El caso no es nuevo. Fue iniciado durante la administración de Donald Trump y ha continuado bajo el mandato de Joe Biden, reflejando un consenso bipartidista sobre la necesidad de regular a las grandes tecnológicas. En agosto de este año, el juez Mehta ya dictaminó que Google estaba violando las leyes antimonopolio, estableciendo el precedente para la acción actual.
El DOJ considera que la integración de Chrome con los servicios de Google desincentiva la competencia y crea barreras de entrada para otras empresas. La publicidad cruzada dentro del navegador, que fomenta el uso de productos de Google, ha sido señalada como una práctica que limita la competitividad en el sector.
La defensa de Google
Google ha rechazado las acusaciones, calificando la medida del DOJ como «radical» y perjudicial para los consumidores. Según Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, las acciones del gobierno «dañarían a los desarrolladores, consumidores y el liderazgo tecnológico estadounidense en un momento crítico». Google argumenta que Chrome y sus otros servicios ofrecen beneficios significativos a los usuarios y fomentan la innovación.
Android también bajo el radar
Aunque la venta de Android no está sobre la mesa, la propuesta del DOJ busca desvincular el sistema operativo de otros servicios de Google. Esto significaría que los usuarios de dispositivos Android podrían optar por instalar buscadores, navegadores y tiendas de aplicaciones de terceros al configurar sus dispositivos. De llevarse a cabo, esta medida podría abrir el camino a nuevos actores en el mercado de aplicaciones y navegadores.
Un cambio de paradigma en el sector tecnológico
Si el juez Mehta acepta la petición del DOJ, nos encontraríamos ante uno de los mayores golpes regulatorios a una gran tecnológica en la historia reciente. La decisión no solo tendría implicaciones para Google, sino que podría sentar un precedente para futuras acciones contra otras grandes empresas del sector, como Meta, Amazon o Apple.
El impacto global de las regulaciones antimonopolio
La acción contra Google se produce en un contexto de creciente escrutinio global hacia las grandes tecnológicas. En Europa, la Comisión Europea impuso recientemente sanciones millonarias a Meta por violaciones de las leyes de competencia, mientras que China y otros mercados también han intensificado su regulación.
De momento, el resultado final del caso está en manos del juez Mehta, pero lo que está claro es que las grandes tecnológicas enfrentan una era de mayor regulación y control, con el objetivo de garantizar un mercado más competitivo y equitativo. La batalla legal contra Google podría ser el primer gran paso hacia un nuevo paradigma en la relación entre gobiernos y las «big tech».
