Un nuevo proyecto de ley busca reforzar el control sobre chips avanzados mediante tecnologías de geolocalización obligatorias, con implicaciones para Nvidia, AMD, Intel y otros gigantes del sector
El gobierno de Estados Unidos ha dado un nuevo paso en su estrategia para controlar el acceso a tecnologías sensibles con la presentación de un proyecto de ley que obligaría a rastrear geográficamente todos los procesadores de alto rendimiento utilizados en inteligencia artificial (IA), computación de alto rendimiento (HPC) y tarjetas gráficas avanzadas.
La medida, introducida por el senador Tom Cotton (Arkansas), propone que fabricantes como Nvidia, AMD e Intel integren tecnologías de geo-tracking directamente en sus chips más potentes. El objetivo es permitir al Departamento de Comercio verificar su ubicación física tras la exportación, y evitar que estos componentes caigan en manos de actores extranjeros no autorizados, especialmente China.
¿Qué abarca el proyecto?
La propuesta incluye productos clasificados bajo los códigos ECCN (Export Control Classification Number) 3A090, 4A090, 4A003.z y 3A001.z, lo que engloba:
- Procesadores de IA de gama alta
- Servidores para IA y HPC
- Soluciones de rack y centros de datos
- Tarjetas gráficas de consumo extremo (como la Nvidia RTX 4090 o 5090)
Estos productos deberán incorporar, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, mecanismos de rastreo integrados que permitan verificar su ubicación en todo momento.
Un desafío técnico y logístico para la industria
El desarrollo de procesadores avanzados lleva años de investigación y diseño. Incluir nuevos mecanismos de geo-tracking en productos ya diseñados o en desarrollo plantea serios retos técnicos y comerciales, reconocen fuentes de la industria. Esto afecta no solo a fabricantes, sino también a distribuidores y centros de datos que trabajan con hardware de exportación controlada.
Además, el proyecto contempla que los fabricantes informen a la Bureau of Industry and Security (BIS) en caso de que se detecte redireccionamiento de chips a destinos no autorizados, manipulación del hardware o sospechas de uso indebido.
Supervisión continua y salvaguarda tecnológica
El proyecto de ley establece también un cronograma de revisión anual durante tres años por parte del Departamento de Comercio y el Departamento de Defensa, con el objetivo de identificar nuevos mecanismos de protección y evaluar avances en tecnologías de seguridad aplicables a estos productos. De ser necesario, estos mecanismos se convertirán en nuevos requisitos obligatorios, con normativas definidas en un plazo de dos años.
No obstante, el texto también incluye garantías para proteger la confidencialidad y los secretos comerciales de las empresas afectadas. Cualquier sistema de rastreo deberá implementarse de forma que no comprometa la propiedad intelectual ni la competitividad de la industria estadounidense.
Seguridad nacional vs. cadena de suministro
La propuesta de rastreo se enmarca en un contexto de creciente tensión tecnológica entre Estados Unidos y China, especialmente en lo relativo a los avances en computación cuántica, inteligencia artificial y supercomputación. Washington considera que estas tecnologías tienen un alto valor estratégico y potencial uso militar, y busca limitar su difusión a potencias rivales.
Sin embargo, representantes del sector tecnológico advierten que imponer controles físicos y técnicos sobre chips comerciales puede ralentizar la cadena de suministro global, aumentar los costes de producción y afectar la capacidad de innovación de las empresas estadounidenses frente a sus competidores internacionales.
La medida aún debe pasar por los trámites legislativos correspondientes, pero ya ha generado intenso debate entre los defensores de la seguridad nacional y quienes advierten del posible efecto boomerang sobre la industria estadounidense.
Resumen de medidas clave del proyecto de ley:
Medida | Descripción |
---|---|
Geo-tracking obligatorio | Los chips y GPUs bajo control exportador deberán incorporar rastreo físico. |
Plazo inicial | Seis meses tras la entrada en vigor de la ley para implementación inicial. |
Registro de ubicaciones | El Departamento de Comercio gestionará un registro centralizado. |
Informes obligatorios | Las empresas deberán reportar desviaciones o manipulaciones del hardware. |
Estudios y revisiones anuales | Evaluación continua de nuevas medidas de seguridad durante tres años. |
Protección de propiedad intelectual | Los mecanismos deben preservar la confidencialidad tecnológica. |
La industria observa con atención el desarrollo de esta normativa, que podría transformar profundamente la manera en que se diseñan, fabrican y distribuyen los procesadores más potentes del mundo. Mientras tanto, la carrera por el dominio tecnológico global continúa escalando desde los laboratorios hacia los parlamentos.
Fuente: tomshardware.com