La asociación subraya la importancia de aplicar correctamente las sentencias que autorizan el bloqueo de IPs, y reclama mayor compromiso por parte de servicios como Cloudflare

La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, ha lanzado una advertencia clara al ecosistema digital: los bloqueos contra la piratería ordenados por la justicia española no serán efectivos si todos los intermediarios de Internet no colaboran activamente en su cumplimiento. En un comunicado reciente, la patronal del sector tecnológico ha remarcado que, aunque los principales ISP españoles están cumpliendo con las resoluciones judiciales, algunos actores clave de la cadena de tráfico web aún no están aplicando los bloqueos de forma sistemática.

El contexto de esta advertencia se sitúa en torno a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona, que el 18 de diciembre de 2024 autorizó a LaLiga y Telefónica (Movistar Plus+) a remitir listados de direcciones IP asociadas a emisiones piratas para su bloqueo inmediato por parte de los operadores de telecomunicaciones. Una medida que va más allá del tradicional bloqueo DNS, considerando que tecnologías emergentes como ECH (Encrypted Client Hello) y Apple Private Relay permiten a las webs piratas eludir ese tipo de restricciones fácilmente.

La estrategia judicial: bloqueo integral de IPs, dominios y URLs

La resolución judicial reconoce expresamente la ineficacia de los bloqueos DNS frente a las técnicas actuales de evasión, por lo que permite un enfoque combinado: bloqueo directo de IPs, junto con dominios y URLs. Además, la sentencia faculta a LaLiga y Telefónica a enviar actualizaciones de listas IP los días de partido, incluso en tiempo real, obligando a los operadores a aplicar el bloqueo antes de la finalización del evento deportivo.

Un bloqueo que afecta a miles de usuarios legítimos

Sin embargo, la implementación de estos bloqueos ha provocado efectos colaterales de gran alcance, especialmente para webs legítimas que comparten infraestructura con servicios que han sido objeto de restricción. Desde el pasado mes de febrero, numerosos usuarios, empresas y profesionales han reportado la inaccesibilidad a páginas totalmente legales, alojadas en redes de distribución de contenido (CDN) como Cloudflare.

Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en medios especializados y foros técnicos, así como en publicaciones en redes sociales y plataformas de denuncia digital. Las IP bloqueadas pertenecen en muchos casos a entornos compartidos, lo que implica que el acceso a centenares de webs no relacionadas con la piratería queda interrumpido de forma injustificada, afectando al comercio electrónico, medios de comunicación, herramientas colaborativas e incluso portales institucionales.

A esta situación se suma la opacidad con la que algunos operadores están aplicando los bloqueos, sin avisos visibles al usuario ni posibilidad clara de recurso, algo que contrasta con el aviso introducido recientemente por la operadora Digi, pero que sigue sin ser práctica común.

Cloudflare se opone, pero el juzgado desestima su recurso

Uno de los puntos más relevantes del caso ha sido el intento de Cloudflare Inc. por invalidar la sentencia, argumentando supuestos perjuicios derivados de su aplicación. No obstante, el juzgado ha emitido un auto firme y sin posibilidad de recurso, en el que rechaza de forma tajante la solicitud de nulidad por parte del proveedor estadounidense.

Según el texto judicial, Cloudflare no ha acreditado perjuicio alguno ni se ha constatado vulneración de derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la sentencia que habilita los bloqueos sigue plenamente vigente y ejecutable.

¿Qué está en juego para la infraestructura de Internet?

El mensaje de DigitalES trasciende lo legal y pone el foco en una cuestión técnica clave: la colaboración de intermediarios como CDN, proxies inversos y servicios de anonimización es crucial para hacer efectivos los bloqueos. De lo contrario, cualquier medida impuesta a nivel de red de acceso puede verse neutralizada por capas superiores del ecosistema web que no cooperen.

El caso de Cloudflare es paradigmático, ya que sus servicios de proxy y CDN actúan como intermediarios críticos entre los servidores de origen y el usuario final, dificultando la trazabilidad real de los contenidos cuando no aplican filtros ni bloqueos ante peticiones judiciales.

Un llamamiento al ecosistema digital

DigitalES recuerda que los ISP en España están legalmente obligados a bloquear, además de contenidos piratas, otros recursos ilícitos como webs de juegos no autorizados, medicamentos ilegales, contenido terrorista o pornografía infantil. La asociación subraya que, sin la cooperación activa de todos los agentes involucrados —incluidos proveedores de CDN, servicios de hosting, plataformas DNS y operadores de túneles cifrados—, el cumplimiento de estas órdenes se convierte en una quimera técnica.

“La falta de colaboración de ciertos intermediarios es preocupante y podría facilitar la proliferación de contenidos ilegales en Internet”, alerta DigitalES, quien reafirma su compromiso con la protección de la propiedad intelectual y con un uso legítimo del ecosistema digital.

Conclusión: una herramienta legal con efectos secundarios no deseados

Lo ocurrido con esta sentencia marca un precedente jurídico y técnico en la lucha contra la piratería en España, y puede tener implicaciones más allá del ámbito audiovisual. No obstante, la aplicación de bloqueos masivos sin una segmentación precisa y sin transparencia puede terminar erosionando la confianza en la red y perjudicando al tejido digital legítimo. Para los actores del mundo cloud, de ciberseguridad, del tráfico web y del hosting, el mensaje es claro: la colaboración debe ir acompañada de responsabilidad técnica y garantías para los servicios legales.

Vía: DigitalES y Noticias Redes Sociales