El principio jurídico conocido como «doctrina del tercero» permite al gobierno de Estados Unidos acceder a tus datos personales almacenados por terceros, sin orden judicial. Un caso clave ante el Tribunal Supremo podría cambiarlo todo.

En pleno 2025, cuando millones de ciudadanos dependen de servicios digitales para su vida cotidiana, la pregunta sobre la propiedad real de los datos almacenados en la nube cobra una relevancia crítica. ¿Son realmente tuyos tus correos electrónicos, historiales de búsqueda, registros financieros o archivos médicos cuando están alojados en servicios como Google, Microsoft, Oracle, Coinbase o Amazon?

Para el gobierno estadounidense, la respuesta —hasta ahora— ha sido no. Y esto se debe a la llamada doctrina del tercero, una interpretación legal de los años 70 que establece que un ciudadano pierde su expectativa razonable de privacidad cuando entrega voluntariamente información a una tercera parte. En otras palabras, si un dato tuyo está en servidores de una empresa, se considera fuera del alcance de la protección constitucional del Cuarto Amendamiento, que protege contra registros e incautaciones arbitrarias.

El caso Harper vs. O’Donnell

El ciudadano James Harper, cliente de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, se enfrentó a la Agencia Tributaria de EE.UU. (IRS) tras recibir una carta acusándolo de no declarar ingresos por criptomonedas. La verdadera sorpresa para Harper fue descubrir que el IRS había obtenido —sin orden judicial— sus registros de transacciones, direcciones de cartera y claves públicas directamente de Coinbase. Todo esto como parte de una operación masiva iniciada en 2016, en la que la agencia solicitó información de más de 14.000 usuarios.

Harper llevó el caso ante los tribunales, alegando que se habían vulnerado sus derechos constitucionales. Sin embargo, los tribunales inferiores rechazaron su demanda, argumentando que los datos en cuestión pertenecían a Coinbase y estaban sujetos a la doctrina del tercero.

Un precedente desactualizado

Esta doctrina, basada en fallos del Tribunal Supremo de los años 70, puede haber tenido sentido en un mundo analógico. Pero en la era digital actual, donde los individuos interactúan con decenas de plataformas cada día, entregar datos a terceros es más una necesidad funcional que una «renuncia voluntaria» a la privacidad.

El equipo legal de Harper sostiene que debería existir una expectativa razonable de privacidad sobre registros financieros almacenados digitalmente, especialmente si se considera que el mismo Tribunal Supremo reconoció la necesidad de una orden judicial para acceder a historiales de localización de teléfonos móviles en el caso Carpenter vs. United States (2018).

Riesgos para la privacidad digital

Organizaciones como el Cato Institute y la New Civil Liberties Alliance han presentado escritos ante el Supremo apoyando la causa de Harper. Ambas alertan sobre el peligro de dejar intacta esta laguna legal:

“El gobierno ha utilizado la doctrina del tercero para eludir la exigencia de órdenes judiciales y obtener los registros más sensibles de los estadounidenses, como correos electrónicos, historiales de búsqueda, datos financieros y localización”, denuncia el Cato Institute.

Desde la perspectiva de los defensores de la privacidad, los registros digitales modernos son equivalentes a los «papeles y efectos personales» que el Cuarto Amendamiento protege explícitamente frente a intromisiones estatales.

¿Qué está en juego?

Si el Tribunal Supremo decide revisar la doctrina del tercero, podríamos estar ante un cambio histórico en la jurisprudencia sobre privacidad digital en Estados Unidos. Esto tendría implicaciones directas no solo para usuarios de criptomonedas, sino también para cualquier persona que utilice servicios en la nube, almacene datos en aplicaciones, o confíe su información médica, financiera o personal a plataformas tecnológicas.

En un contexto donde la soberanía de los datos y la regulación digital están en el centro del debate global —y donde la inteligencia artificial y la analítica avanzada amplifican los riesgos de vigilancia—, el fallo del Supremo podría marcar un antes y un después en el equilibrio entre seguridad, fiscalización y libertades individuales.

Fuente: Basado en un artículo original de HPCwire.