Cinco nuevas demandas civiles presentadas en Texas han vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda de la guerra en Ucrania: pese a las sanciones occidentales, componentes tecnológicos fabricados por grandes marcas estadounidenses siguen apareciendo en armamento utilizado por Rusia. Los escritos, impulsados por grupos de civiles ucranianos, acusan a AMD, Intel y Texas Instruments —y también a una empresa de distribución propiedad de Berkshire Hathaway— de no haber hecho lo suficiente para evitar que sus productos acabasen en manos sancionadas a través de reventas, intermediarios y mercados grises.
La expresión que más titulares ha generado es la del abogado que representa a los demandantes, que llega a calificar a estas empresas como “merchants of death” (“mercaderes de la muerte”), además de hablar de “ignorancia deliberada” o negligencia corporativa a la hora de frenar desvíos.
Qué se les imputa exactamente (y qué no)
La clave de estas demandas no es acusar a las compañías de vender directamente a Rusia hoy —algo que, en general, las grandes tecnológicas estadounidenses cortaron tras la invasión de febrero de 2022—, sino plantear que su control de la cadena de suministro habría sido insuficiente para impedir que chips y componentes terminen “reexportados” por terceros y acaben integrados en drones o misiles.
Según la cobertura de medios estadounidenses, en la documentación judicial se citan incidentes entre 2023 y 2025 en los que se habrían encontrado piezas de AMD e Intel en sistemas de armas, incluyendo drones de fabricación iraní y misiles de crucero o balísticos. El argumento de los demandantes es que, si existe un patrón repetido, no basta con decir “cumplimos la ley”: habría que demostrar medidas razonables para detectar y cortar desvíos.
El papel del “cuarto actor”: el distribuidor vinculado a Berkshire Hathaway
Además de los fabricantes, una parte relevante del foco recae sobre el canal de distribución. En las informaciones publicadas estos días se menciona a Mouser Electronics como empresa relacionada con Berkshire Hathaway a través de su estructura corporativa (Mouser es filial de TTI, y TTI forma parte del ecosistema de Berkshire).
Y aquí aparece un matiz importante para cualquier lector “tech”: el mercado de componentes no funciona como una venta directa “fabricante → ejército”. Existe una red global de distribuidores, revendedores, integradores y brokers. Incluso cuando un fabricante bloquea un país, el componente puede circular si alguien lo compra en otra región, lo revende, lo integra en un producto y ese producto termina donde no debería. Justo esa grieta (mercados grises, reexportaciones) es la que estas demandas intentan convertir en responsabilidad civil.
La respuesta corporativa: “cumplimos sanciones”, pero la trazabilidad no es perfecta
El movimiento judicial también abre una cuestión de reputación. En la cobertura del caso se indica que Intel ha reiterado que suspendió envíos a Rusia y Bielorrusia al inicio de la guerra y que exige estándares similares a proveedores, clientes y distribuidores; mientras que AMD y TI han defendido en ocasiones anteriores su cumplimiento de sanciones (sin que, según lo publicado, hubieran aportado nuevas declaraciones específicas sobre estas demandas en el momento de esa información).
Para el público general, la discusión suele sonar binaria: o la empresa “vendió a Rusia” o “no vendió”. Pero el conflicto legal que se está intentando construir es más resbaladizo: ¿qué nivel de diligencia es exigible para evitar desvíos de componentes de propósito general (chips que también están en PCs, routers, sistemas industriales, etc.) cuando existen intermediarios opacos, empresas pantalla y cadenas de reventa internacionales?
Qué implica esto para usuarios, empresas y el sector (más allá del titular)
- Más presión regulatoria y de compliance: si estas demandas prosperan, el listón práctico podría subir para controles de “conozca a su cliente” (KYC), detección de “red flags” y auditoría de distribuidores. Eso encarece operar… y puede traducirse en más fricción para compras legítimas (especialmente en B2B).
- Riesgo reputacional: el ciudadano no distingue entre “venta directa” y “desvío por terceros”. La narrativa pública castiga igual. Para marcas tan masivas como AMD, Intel o TI, esa erosión de confianza importa, aunque luego la responsabilidad legal sea difícil de probar.
- Impacto financiero indirecto: demandas largas implican costes legales, incertidumbre y distracción ejecutiva. Además, inversores y aseguradoras suelen mirar con lupa cualquier riesgo de sanciones y exportación.
- La conversación tecnológica se politiza: la guerra convierte piezas “neutras” (microcontroladores, FPGA, SoC, memorias, etc.) en un tema de ética empresarial y geoestrategia. Y eso acaba salpicando a toda la industria, desde fabricantes hasta distribuidores.
En resumen: estas cinco demandas no prueban por sí solas culpabilidad, pero sí reflejan que la guerra está empujando el debate desde “sanciones en papel” hacia “responsabilidad real por desvíos”. Y en un mundo donde un chip puede viajar más que su comprador final, el choque entre globalización y control geopolítico promete más capítulos.
Si quieres, te preparo otra versión con enfoque 100% financiero (riesgos, precedentes legales comparables, impacto potencial en márgenes/canales y lectura para inversores), o una versión más “ciber” centrada en mercados grises, trazabilidad y cadena de suministro.
vía: tomshardware. Imagen generada con IA.
