La Unión Europea acaba de dar un paso importante para reforzar la seguridad de los pagos y la protección de los consumidores en un entorno cada vez más digitalizado. Parlamento Europeo y Consejo han alcanzado un acuerdo político sobre dos piezas clave de normativa: el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) y la Tercera Directiva de Servicios de Pago (PSD3).
El objetivo: un sector de pagos más abierto y competitivo, con menos fraude, más transparencia en comisiones y mejor acceso al efectivo, especialmente en zonas rurales.
Más responsabilidad para bancos y proveedores de pago
Una de las grandes novedades es que, si un proveedor de servicios de pago (PSP) —bancos, fintechs, plataformas técnicas, etc.— no aplica medidas adecuadas de prevención de fraude, tendrá que asumir las pérdidas del cliente.
Entre las obligaciones que se refuerzan:
- Comprobación de que nombre del beneficiario y número de cuenta (identificador único) coinciden antes de ejecutar una transferencia.
- Si hay discrepancia, el PSP deberá rechazar la orden de pago e informar al ordenante.
- Uso obligatorio de autenticación reforzada de cliente y realización de evaluaciones de riesgo en pagos.
- Posibilidad de que los usuarios establezcan límites de gasto y bloqueos preventivos para reducir el impacto de un posible fraude.
- Obligación de congelar transacciones sospechosas por parte del banco receptor.
Además, cuando un estafador consiga iniciar o modificar una operación, esta se considerará no autorizada, y el proveedor deberá reembolsar el importe íntegro al cliente.
Fraude por suplantación: el banco deberá devolver el dinero
Uno de los problemas que más crece en Europa es la suplantación de empleados bancarios o de servicios de pago, que llaman o escriben al cliente haciéndose pasar por el banco para que este autorice transferencias o comparta datos sensibles.
Con el nuevo acuerdo:
- Si el cliente ha sido víctima de fraude por suplantación y
- Denuncia el caso a la policía e informa a su proveedor,
el PSP deberá reintegrar la totalidad del importe defraudado. Es un cambio relevante frente a situaciones en las que hasta ahora se culpaba al usuario por “haber autorizado” el pago engañado.
Plataformas online y «big tech» también entran en el radar
El texto refuerza la responsabilidad de las plataformas online y grandes buscadores:
- Si una plataforma es informada de que aloja contenido fraudulento (por ejemplo, anuncios de supuestos servicios financieros falsos) y no lo retira, deberá indemnizar al proveedor de pagos que haya reembolsado al cliente estafado.
- Los anunciantes de servicios financieros tendrán que demostrar a esas grandes plataformas que están autorizados legalmente para operar en el país correspondiente, o que actúan en nombre de una entidad autorizada.
Estas obligaciones complementan y refuerzan lo ya previsto en la Ley de Servicios Digitales (DSA), añadiendo una capa específica para el ámbito financiero.
Más transparencia en comisiones y conversión de divisas
Otro bloque importante del acuerdo tiene que ver con la claridad en los costes:
- El usuario deberá conocer todas las comisiones antes de iniciar un pago.
- Habrá información clara sobre:
- Costes de conversión de divisa, en pagos internacionales o en otra moneda.
- Comisiones fijas por retirada de efectivo en cajeros automáticos, aunque el cajero no sea de su banco.
La idea es reducir las “sorpresas” en forma de cargos ocultos o condiciones poco comprensibles.
Mejor acceso al efectivo… también en tiendas
Aunque los pagos digitales crecen, las instituciones europeas insisten en que el efectivo debe seguir siendo una opción real.
Por eso, el acuerdo prevé que los comercios puedan ofrecer retiradas de efectivo sin necesidad de realizar una compra, con estas condiciones:
- Importe máximo por retirada: 150 €
- Importe mínimo que se debe permitir: 100 €
Esta medida busca proteger especialmente a quienes viven en zonas rurales o remotas, donde el cierre de oficinas bancarias y cajeros dificulta acceder al dinero físico.
Impulso al “open banking” y más competencia
La PSR y PSD3 también quieren abrir más el mercado a nuevos actores, especialmente servicios de banca abierta:
- Se rebajan barreras para servicios de información de cuentas y iniciación de pagos (los llamados “open banking services”).
- Los bancos y demás entidades que custodian cuentas (ASPSP) no podrán discriminar a estos proveedores autorizados.
- Se prohíben explícitamente determinados obstáculos al acceso a los datos de cuentas.
- Los usuarios tendrán un panel de control donde ver y gestionar qué terceros tienen acceso a sus datos y retirar permisos con facilidad.
- Los bancos deberán ofrecer acceso a cuentas de pago a estas entidades en condiciones no discriminatorias.
También se obliga a fabricantes de móviles y proveedores de sistemas electrónicos a permitir que otros front-ends (apps, interfaces de usuario) puedan almacenar y transferir los datos necesarios para procesar pagos en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.
Autorización simplificada y resolución de conflictos
Las normas también simplifican los procesos de autorización de nuevas entidades de pago, ajustando requisitos de capital y prudenciales al tipo de servicio y su nivel de riesgo. Para los proveedores de criptoactivos ya autorizados bajo MiCA se prevé un trámite más ágil, manteniendo controles de riesgo adecuados.
Por otra parte, todos los proveedores de servicios de pago deberán:
- Participar en mecanismos alternativos de resolución de conflictos cuando el consumidor los elija.
- Garantizar que el usuario pueda acceder a atención humana, no solo a chatbots o sistemas automáticos.
- Contribuir a la educación financiera y digital, dedicando recursos públicos a enseñar a la ciudadanía cómo evitar fraudes.
¿Qué falta ahora?
El acuerdo entre Parlamento y Consejo es un pacto político. Para que las nuevas reglas entren en vigor, aún es necesario que ambas instituciones:
- Aprueben formalmente los textos.
- Publiquen la normativa en el Diario Oficial de la UE.
A partir de ahí se abrirá un calendario de transposición y aplicación en los Estados miembros.
Lo que sí está claro es la dirección: menos fraude, menos letra pequeña y más competencia en los pagos, en un momento en el que las estafas online, la digitalización bancaria y la presión de nuevos actores tecnológicos están cambiando el modo en que Europa mueve su dinero.
vía: europarl.europa.eu
