La guerra contra la piratería en Europa ya no se libra solo en el último kilómetro —los operadores—, sino en capas cada vez más altas de la infraestructura de Internet. La Autoridad italiana de comunicaciones (Agcom) ha impuesto a Cloudflare Inc. una sanción de más de 14 millones de euros por incumplir un requerimiento previo relacionado con el bloqueo de contenidos ilícitos, en aplicación de la Ley antipiratería 93/2023 y su despliegue a través de la plataforma Piracy Shield.
Según la decisión formal (delibera n. 333/25/CONS), el Consejo de Agcom adoptó la medida en su sesión del 29 de diciembre de 2025 y la notificó el 8 de enero de 2026. El núcleo del caso no es un debate abstracto sobre “responsabilidad” en Internet, sino algo mucho más concreto: Agcom había ordenado a Cloudflare deshabilitar el acceso a determinados recursos asociados a piratería bloqueando la resolución DNS de dominios y el encaminamiento del tráfico hacia direcciones IP señaladas por los titulares de derechos mediante Piracy Shield —o, alternativamente, aplicando “medidas tecnológicas y organizativas” equivalentes para impedir el acceso final a esos contenidos—. La autoridad sostiene que, incluso tras ser notificada, Cloudflare no adoptó medidas para impedir el uso de sus servicios en esa difusión ilícita.
Un mensaje para la industria: “no basta con dashboards, queremos ejecución”
La sanción se entiende mejor si se mira el movimiento regulatorio de Italia en conjunto. La Ley 93/2023 amplía el perímetro de sujetos obligados a colaborar contra la piratería, alcanzando a proveedores de servicios de la sociedad de la información implicados “a cualquier título” en la accesibilidad a sitios o servicios ilegales: DNS públicos, VPN, e incluso motores de búsqueda, con independencia de dónde estén ubicados. En la práctica, es una traslación del enfoque clásico “follow-the-traffic” (bloqueos en ISP) hacia un modelo “follow-the-infrastructure” (bloqueos donde se resuelven nombres, se aceleran contenidos o se enruta tráfico).
En el caso de Cloudflare, el mensaje es especialmente contundente por el papel que desempeñan servicios como CDN, proxy inverso, DNS público o capas de mitigación DDoS en una parte significativa de la web. Cuando un regulador decide actuar ahí, el efecto deja de ser local y empieza a rozar una pregunta incómoda: ¿cuánta fricción puede introducirse en la infraestructura para perseguir objetivos legítimos (propiedad intelectual) sin generar daños colaterales a servicios legítimos?
El tamaño de la multa y el precedente que deja
Agcom recuerda que el marco sancionador contempla multas de hasta el 2 % del volumen de negocio del último ejercicio cerrado previo a la notificación. En este caso, aplicó una sanción equivalente al 1 % del “facturado global” que toma como referencia, lo que se traduce en una cifra detallada en la delibera: 14.247.698,56 €.
Más allá del importe, el precedente está en el tipo de obligación técnica que se exige: actuar sobre DNS y sobre el encaminamiento hacia IPs reportadas, dentro de un circuito operativo (Piracy Shield) diseñado para reaccionar con rapidez ante emisiones no autorizadas —especialmente en entornos de directo.
Piracy Shield: escala, automatización… y la tentación de apretar el acelerador
Agcom defiende Piracy Shield como palanca de escala: desde su adopción en febrero de 2024, la plataforma ha permitido deshabilitar más de 65.000 FQDN y alrededor de 14.000 IP asociadas a la fruición de contenidos ilícitos.
En términos de ingeniería, esa cifra sugiere un funcionamiento en el que la automatización no es un “nice to have”, sino la condición de posibilidad: un volumen así exige procesos semi-industriales, validaciones rápidas y mecanismos de despliegue que, por definición, se acercan a la lógica de “tiempo real”.
Y ahí aparece el dilema para los proveedores de infraestructura: cuanto más “en tiempo real” sea la obligación, menos margen hay para evaluar casos límite (dominios compartidos, IPs reutilizadas, proxies multi-tenant, etc.) sin introducir retrasos. Un error de puntería en un bloqueo a nivel de IP o DNS no se parece a retirar un enlace: se parece más a “desconectar un tramo” de carretera.
Lo que cambia para empresas y equipos técnicos
Para el ecosistema (CDN, DNS públicos, VPN, proveedores cloud y SaaS), la sanción lanza tres implicaciones prácticas:
- Compliance ya es parte del plano de datos (data plane): no basta con procedimientos legales; se necesitan capacidades técnicas repetibles para ejecutar órdenes de bloqueo en distintas capas (DNS, IP, routing, reglas de acceso).
- Más presión sobre la trazabilidad: cuando el regulador habla de “medidas tecnológicas y organizativas”, está pidiendo no solo actuar, sino poder demostrar que se actuó (qué se bloqueó, cuándo, cómo, con qué alcance).
- Riesgo reputacional y de negocio: una sanción de este tamaño en un actor global coloca a cualquier proveedor en la tesitura de equilibrar tres cosas difíciles: cumplimiento, continuidad del servicio y minimización de daños colaterales.
Una señal que puede viajar
Italia se está convirtiendo en laboratorio regulatorio para el control rápido de accesos a contenido ilícito. Aunque cada país tenga su propio marco, la idea de presionar sobre los “puntos de palanca” de Internet (DNS, CDN, plataformas de seguridad) es exportable: es la forma más eficiente de impactar rápido en el acceso. El debate que abre la sanción no es si hay piratería (la hay), sino cómo se actúa sobre la infraestructura sin convertir el remedio en un problema sistémico.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Piracy Shield y por qué es relevante para un proveedor como Cloudflare?
Es una plataforma italiana que canaliza reportes de titulares de derechos y coordina medidas para inutilizar accesos a recursos vinculados a piratería. Es relevante porque actúa en capas de infraestructura (DNS/IP), justo donde operan servicios como CDN, proxy y resolvers.
¿Qué significa “bloquear DNS” frente a “bloquear IP”, y por qué no es lo mismo?
Bloquear DNS impide que un nombre de dominio resuelva a una dirección (o lo hace apuntar a un destino “nulo”). Bloquear por IP afecta al enrutamiento o al acceso al destino, y puede tener más riesgo de impacto colateral si una misma IP sirve a muchos dominios o servicios (multi-tenant).
¿Puede afectar esta lógica a empresas que no “alojan” contenido, pero dan servicios de seguridad o aceleración?
Sí: el enfoque regulatorio italiano amplía el perímetro de obligación a proveedores implicados en la accesibilidad del servicio ilegal, lo que puede incluir capas de DNS público, VPN o servicios de infraestructura que median el tráfico.
¿Qué deberían revisar los equipos de IT/seguridad ante este tipo de medidas?
Políticas y capacidades técnicas para ejecutar bloqueos (DNS/IP), trazabilidad y auditoría de acciones, procesos de revisión de falsos positivos y un marco de respuesta legal/técnica coordinado para órdenes urgentes.
