El Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas que amplían el Plan Nacional de Ciberseguridad y responden a los desafíos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y el nuevo contexto geopolítico.

El Gobierno de España ha aprobado un ambicioso paquete de actuaciones en materia de ciberseguridad y ciberdefensa dotado con 1.157 millones de euros, destinado a reforzar las capacidades nacionales frente al crecimiento exponencial de las amenazas digitales. La iniciativa complementa el Plan Nacional de Ciberseguridad (PNCS), aprobado en marzo de 2022, y se integra en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa anunciado el pasado 24 de abril.

Según los datos presentados, en 2024 se registraron más de 100.000 ciberataques en España, y uno de cada tres días se produjo un incidente considerado como “muy grave”. Desde 2015, los ataques han crecido un 300 %, lo que ha llevado al Ejecutivo a considerar esta materia como un asunto estratégico de primer nivel.

Ciberseguridad como pilar de soberanía y derechos digitales

«España es un referente europeo en ciberseguridad, y queremos consolidar ese liderazgo con una visión ambiciosa, moderna y alineada con nuestros valores democráticos», declaró el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro recordó que, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, España es el segundo país del mundo con más centros de ciberseguridad, solo por detrás de Estados Unidos. «Nuestro deber es aprovechar las oportunidades de la revolución digital con el mismo compromiso con el que afrontamos sus riesgos. Queremos proteger derechos digitales, garantizar la resiliencia económica y defender la soberanía tecnológica del Estado», subrayó.

Nuevas amenazas, nuevas respuestas

El nuevo paquete de medidas responde a varios factores clave:

• La ampliación de infraestructuras digitales y servicios conectados.
• El uso creciente de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial o la computación cuántica, que también están siendo explotadas por actores maliciosos.
• La necesidad de adaptar los sistemas de detección, respuesta y protección a un entorno cada vez más complejo y cambiante.

Principales líneas de actuación

El conjunto de medidas incluye tanto mejoras técnicas como organizativas. Entre ellas destacan:

• Impulso del Centro de Operaciones de Seguridad 5G (SOC 5G): encargado de supervisar la seguridad de redes y servicios 5G, colaborando con operadores, fabricantes y administraciones.
• Fortalecimiento de la ciberresiliencia de la Administración Pública, mediante auditorías automatizadas de servicios expuestos a Internet y refuerzo de los sistemas transversales de la administración digital.
• Integración de inteligencia artificial avanzada en los sistemas de detección de ciberataques, mejorando la capacidad de identificar amenazas en tiempo real.
• Refuerzo del sistema nacional de alertas tempranas, especialmente en el ámbito de la ciberdefensa.
• Coordinación entre Centros de Operaciones de Ciberseguridad (CSIRT) públicos y privados para compartir información y agilizar la respuesta a incidentes.
• Impulso a la investigación y talento en ciberseguridad, a través de colaboraciones con universidades e instituciones científicas.

Distribución del presupuesto

La ejecución del presupuesto de 1.157 millones de euros será compartida entre varios ministerios y organismos clave:

• Ministerio de Defensa (CNI-CCN, CESTIC, Mando Conjunto del Ciberespacio): 60,4 % del total.
• Ministerio del Interior: 16,34 %, destinado a mejorar capacidades de ciberinteligencia y protección de infraestructuras críticas.
• Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (incluyendo la AEAD, Red.es, INCIBE): 22 %.
• Departamento de Seguridad Nacional (DSN): 1,2 % del presupuesto, en coordinación con Presidencia del Gobierno.

Una estrategia integral y sostenida en el tiempo

Las medidas se conciben como una ampliación del Plan Nacional de Ciberseguridad, pero también como un salto cualitativo hacia una defensa integral del ciberespacio español, en un contexto donde los ataques no solo buscan dañar sistemas, sino también erosionar instituciones democráticas, procesos económicos y derechos individuales.

España se consolida así como uno de los países europeos que más firmemente apuesta por convertir la ciberseguridad en una política de Estado, clave para su desarrollo digital, su resiliencia económica y su soberanía tecnológica.

Fuente: Gobierno de España