El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado una consulta pública para redactar una norma que refuerce la seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas ante eventos extraordinarios: desde apagones eléctricos a DANA, erupciones volcánicas o crisis sanitarias. El movimiento desarrolla el artículo 63 de la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones (LGT), que ya obliga a los operadores a garantizar la continuidad del servicio y a notificar incidentes significativos.

La iniciativa llega tras el apagón nacional de abril, que puso a prueba las autonomías energéticas de la red: tras las primeras horas, baterías y generadores se fueron agotando y parte del país quedó incomunicado, con la radio a pilas como recurso informativo de última milla. El Ministerio también recuerda otros episodios recientes que tensionaron las infraestructuras: la pandemia de COVID-19, la erupción de La Palma (septiembre de 2021) y la DANA que afectó con especial intensidad al Mediterráneo en octubre de 2024.

Qué se quiere regular

Según el borrador sometido a consulta, la futura norma podría fijar:

• Planes de contingencia obligatorios: uno general por operador y otros específicos por servicio, con medidas técnicas y organizativas para asegurar la integridad de las redes y la continuidad del servicio en escenarios de fallo catastrófico o fuerza mayor.
• Plazos y procedimientos de notificación: criterios claros para comunicar incidentes de seguridad con impacto significativo, alineados con el art. 63.3 LGT, y protocolos de alerta temprana a la Administración.
• Coordinación institucional: mecanismos formales de colaboración e intercambio de información entre el Ministerio y otras autoridades nacionales, europeas e internacionales.

Obligaciones que ya existen (y se reforzarán)

El artículo 63 LGT obliga a los operadores a gestionar riesgos de seguridad, garantizar la mayor disponibilidad posible de servicios de voz y acceso a internet en caso de catástrofe y a asegurar el acceso ininterrumpido al 112 y a la difusión de alertas públicas. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) pretende aterrizar estas obligaciones en exigencias operativas concretas, tras los aprendizajes de los últimos años.

Qué pueden implicar esos planes en la práctica

Aunque el detalle se definirá tras la consulta, el sector da por hecho que los planes incluirán, entre otras, medidas como:

• Capacidad energética de respaldo dimensionada por zona y criticidad: autonomía mínima en estaciones base, centrales y nodos de transporte, con inventarios y rotación de combustible para generadores.
• Reforzado de backhaul y rutas alternativas (fibra, radioenlace, satélite) y priorización de tráfico para servicios esenciales y llamadas de emergencia.
• Pruebas periódicas (drills) de conmutación, arranque de generadores y fallo total de suministro, con auditorías y lecciones aprendidas.
• Logística de crisis: contratos marco para grupos electrógenos móviles, baterías, repuestos y cuadrillas de campo; y protocolos de acceso a zonas restringidas durante emergencias.
• Continuidad de negocio y ciberseguridad: separación de dominios críticos, red team y respuesta 24/7, además de comunicación al público coordinada con Protección Civil.

Por qué ahora

La creciente dependencia digital —IoT, IA, cloud y big data— multiplica la superficie de riesgo. En episodios recientes, el tráfico aumentó mientras la capacidad menguaba por falta de energía o daño físico de infraestructuras. La Administración quiere anticiparse y homogeneizar estándares mínimos para que, ante el próximo evento extremo, teléfono e internet sigan operativos, especialmente el acceso a emergencias y la recepción de alertas.

Próximos pasos

La consulta pública recaba opiniones sobre:
a) los problemas a resolver; b) la necesidad y oportunidad de la norma; c) sus objetivos; y d) alternativas regulatorias o no regulatorias. Tras analizar aportaciones, el Ministerio elaborará el proyecto normativo, que pasará por los trámites habituales antes de su aprobación.

Preguntas frecuentes

¿Qué cambiará para los usuarios finales?
Idealmente, más resiliencia: menos caídas y servicios básicos disponibles más tiempo durante un apagón o fenómeno extremo (llamadas, 112, alertas). Parte del trabajo será invisible, pero crítico.

¿Habrá sanciones si los operadores incumplen?
La LGT ya contempla régimen sancionador. La nueva norma previsiblemente definirá estándares verificables y plazos de notificación, facilitando la supervisión y, llegado el caso, sanciones.

¿Se coordina con normativa europea (NIS2/EECC)?
Sí. España tiende a alinear resiliencia y seguridad con los marcos europeos. La norma apunta a compatibilidad con NIS2 y el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, evitando solapamientos.

¿Qué servicios tendrán prioridad en una crisis?
Por ley, comunicaciones de emergencia, alertas públicas y servicios esenciales. Los planes de contingencia deben detallar priorización de tráfico y mecanismos de continuidad por servicio.

vía: bandaancha, Consulta pública y Artícuo 63 LGT