España vive una paradoja digital: mientras incentiva la construcción de decenas de centros de datos en todo el territorio, con ayudas públicas y un marco favorable para atraer inversión, el Gobierno ha decidido poner bajo control estricto su consumo energético e hídrico. El sector, clave para la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y la economía digital, se enfrenta ahora a una regulación más exigente que busca limitar su impacto ambiental.
Del impulso inversor a la lupa regulatoria
En los últimos años, España ha consolidado su posición como uno de los destinos más atractivos para la instalación de centros de datos. Factores como la disponibilidad de energías renovables, la interconexión internacional de fibra óptica y la ubicación estratégica han atraído proyectos de gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft, Meta y Google.
El Ejecutivo, a través del programa España Digital 2025, ha destinado millones de euros para fomentar la creación de centros de datos inteligentes en administraciones y empresas. Según el Ministerio de Transformación Digital, este despliegue podría triplicar la capacidad instalada, pasando de unos 200 MW actuales a cerca de 600 MW en apenas dos años.
Sin embargo, este crecimiento acelerado ha encendido las alarmas medioambientales: el consumo de electricidad y agua de estas instalaciones —necesarias para refrigerar servidores y mantenerlos en funcionamiento— puede ser especialmente problemático en un país que afronta sequías recurrentes y picos de demanda eléctrica.
Un nuevo Real Decreto para controlar el sector
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado a consulta pública un proyecto de Real Decreto que obligará a los centros de datos con más de 500 kW de potencia contratada a informar de forma detallada sobre:
- Consumo anual de electricidad y agua.
- Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables.
- Uso de refrigerantes y su impacto ambiental.
- Eficiencia energética (PUE) y estrategias de reutilización del calor residual.
- Contribución al sistema eléctrico y a la economía local.
La norma, alineada con la Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado 2024/1364, exigirá que los centros de mayor tamaño (más de 100 MW) se sitúen entre el 15 % más eficientes de Europa. Además, estos datos se incorporarán a una base centralizada de la Unión Europea para seguimiento y comparativas.
Posibles consecuencias para quien no cumpla
Fuentes del sector confirman que el decreto contempla sanciones y, en casos graves, la restricción de acceso a la red eléctrica para las instalaciones que no cumplan los requisitos. El texto prevé un plazo de tres meses para que los centros de datos ya operativos se adapten a las nuevas obligaciones.
Aunque la medida ha sido bien recibida por organizaciones medioambientales, varias asociaciones del sector tecnológico advierten que una regulación demasiado estricta podría frenar inversiones, sobre todo en proyectos aún en fase de planificación.
La presión del contexto ambiental
Los casos recientes de consumo masivo de agua en instalaciones de Meta y Microsoft en Estados Unidos, así como en plantas de Amazon en países con estrés hídrico, han reforzado la percepción pública de que los centros de datos deben ser más transparentes y sostenibles. En España, regiones como Aragón y Castilla-La Mancha ya han manifestado preocupación por el impacto que estas instalaciones puedan tener sobre recursos limitados.
El Gobierno, por su parte, defiende que la nueva normativa no busca frenar el desarrollo digital, sino asegurar que se haga de forma compatible con la transición ecológica y los compromisos de reducción de emisiones.
¿Liderazgo digital o freno estratégico?
España afronta un delicado equilibrio: seguir atrayendo inversión tecnológica de alto valor añadido mientras limita los efectos adversos en agua, energía y redes eléctricas locales. El debate está servido y la consulta pública, abierta hasta el 15 de septiembre, será clave para definir el alcance final de la norma.
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Por qué el Gobierno quiere regular ahora el consumo de los centros de datos?
Porque el crecimiento acelerado del sector ha incrementado la preocupación por su impacto ambiental, especialmente en consumo de electricidad y agua en un contexto de sequías y transición energética.
2. ¿Qué centros de datos estarán obligados a reportar su consumo?
Aquellos con una potencia contratada superior a 500 kW deberán proporcionar datos detallados de energía, agua, eficiencia y sostenibilidad.
3. ¿Cuáles son las sanciones por incumplir la normativa?
El proyecto contempla sanciones económicas y, en casos graves, la restricción o retirada del acceso a la red eléctrica.
4. ¿España podría perder inversiones por esta regulación?
Es posible, aunque el Ejecutivo asegura que busca un marco equilibrado que combine competitividad y sostenibilidad, similar a lo que ya ocurre en otros países europeos.
