La implantación obligatoria de la facturación electrónica en España, uno de los pilares del plan contra el fraude fiscal y la economía sumergida, no llegará tan pronto como estaba previsto. El Gobierno ha decidido posponer la entrada en vigor del sistema hasta el 1 de enero de 2027 para empresas y hasta el 1 de julio de 2027 para autónomos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a varios medios económicos y jurídicos.

El cambio de calendario afecta tanto a la factura electrónica derivada de la Ley Crea y Crece como al ecosistema de software de facturación verificado, entre el que se encuentra el sistema Verifactu, diseñado para enviar los registros de facturas en tiempo (casi) real a la Agencia Tributaria y evitar los programas de doble uso.

De 2025–2026 a 2027: un calendario que se mueve otra vez

Hasta hace pocas semanas, el escenario oficial hablaba de obligatoriedad escalonada a partir de 2025–2026, empezando por las empresas con mayor facturación y extendiéndose después al resto de compañías y autónomos. Sin embargo, los retrasos en el desarrollo reglamentario, la complejidad técnica de los requisitos y la presión de los colectivos profesionales han llevado al Ejecutivo a pisar el freno.

La nueva hoja de ruta sitúa el “pistoletazo de salida” en 2027: primero las sociedades (1 de enero) y, seis meses más tarde, los trabajadores por cuenta propia (1 de julio). En la práctica, el Gobierno reconoce que el tejido empresarial, especialmente las pymes y microempresas, no estaba preparado para cumplir con las exigencias en los plazos iniciales.

Hacienda justifica el aplazamiento en la necesidad de “ofrecer más tiempo para adaptarse de forma adecuada” al nuevo marco de facturación electrónica, tanto en lo relativo al software como a los procedimientos internos de las empresas. El desarrollo de los estándares técnicos, la homologación de aplicaciones y la preparación de proveedores y asesorías han ido claramente por detrás del calendario político.

La presión de pymes, asesores y patronales

Desde hace meses, asociaciones de asesores fiscales, colegios profesionales y organizaciones empresariales venían alertando de la “incertidumbre normativa y técnica” que rodeaba al despliegue de la factura electrónica, reclamando más margen para evitar un caos administrativo entre los pequeños contribuyentes.

Patronales como CEOE y organizaciones de autónomos habían advertido de que, con la regulación todavía en movimiento, exigir a las pymes un cambio tan profundo en apenas unos meses podía traducirse en más carga burocrática, costes adicionales en software y consultoría, e incluso en sanciones por errores inevitables en la fase inicial.

El retraso a 2027 se interpreta en estos entornos como una victoria parcial: ofrece oxígeno a empresas y autónomos, pero también abre un periodo de transición largo en el que será clave ver si el Gobierno aprovecha para aclarar normas, simplificar requisitos y acompañar el cambio con ayudas reales a la digitalización.

Un gesto hacia Junts… y un aviso a navegantes

La decisión no se entiende solo en clave técnica. Diversos medios han señalado que el aplazamiento se ha incluido dentro de un Decreto Ley con medidas pactadas entre el Gobierno y Junts, como parte de los compromisos para asegurar la estabilidad parlamentaria. En ese texto se menciona expresamente una “ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas”, una formulación que fuentes políticas vinculan directamente con la factura electrónica y con sistemas como Verifactu.

En otras palabras, el retraso se convierte también en moneda de cambio política. Y muchos expertos lo interpretan como un “aviso a navegantes”: si la implantación sigue siendo percibida como inasumible por una parte significativa de pymes y autónomos, no puede descartarse que el calendario vuelva a moverse o que la obligación se flexibilice en el futuro.

El problema de fondo es evidente: un sistema pensado para combatir el fraude y modernizar la economía corre el riesgo de convertirse en una barrera más para el pequeño negocio si la carga de control, certificaciones y requisitos técnicos no se adapta a su realidad.

Verifactu y el reto de no asfixiar al pequeño negocio

Verifactu, el modelo de envío automatizado de registros de facturación a la Agencia Tributaria, es uno de los símbolos de esta nueva etapa. La filosofía es clara: cada factura emitida debe quedar registrada en un formato estándar e inalterable, cerrando la puerta al software de doble uso y reforzando el control del IVA.

Sobre el papel, el objetivo es loable. En la práctica, implica que miles de pequeños negocios tendrán que:

• Cambiar o actualizar su software de facturación.
• Adaptar procesos internos de registro y conciliación.
• Coordinar a contables, asesorías y proveedores tecnológicos para no fallar en plazos y formatos.

Con el aplazamiento, el Gobierno gana tiempo para desplegar el sistema con más calma. Las empresas ganan margen para planificar inversiones y evitar improvisaciones. Pero también existe el riesgo de que muchos opten por “mirar hacia otro lado” hasta 2026, dejando todo para el último momento.

Impacto en el tejido empresarial: alivio, pero también incógnitas

Para miles de pymes y autónomos, la noticia se vive con una mezcla de alivio y resignación. Por un lado, desaparece la sensación de “muro inminente”: ya no habrá que cambiar de programa o rehacer procesos en cuestión de semanas. Por otro, se consolida la idea de que la normativa fiscal se ha vuelto un laberinto difícil de seguir, que cambia de fechas, criterios y requisitos con demasiada frecuencia.

Una parte del tejido empresarial teme, además, que el retraso a 2027 sea solo un parche que no aborde los problemas de fondo: complejidad regulatoria, falta de recursos técnicos en negocios pequeños y escasa coordinación entre administraciones, proveedores tecnológicos y asesorías.

En paralelo, el mensaje hacia quienes sí han hecho los deberes y ya trabajan con sistemas de facturación electrónica y herramientas compatibles con Verifactu tampoco es sencillo: se reconoce su esfuerzo, pero se retrasa el momento en el que esa inversión se convierte en una ventaja competitiva generalizada.

¿La próxima prórroga? Las V16 conectadas miran de reojo

El movimiento del Gobierno con la factura electrónica ha reavivado otro debate tecnológico: el de las balizas V16 conectadas, que deben sustituir a los triángulos de emergencia en los vehículos y que, en principio, serán obligatorias a partir de 2026, según recuerda la DGT y la propia Guardia Civil.

En el sector ya hay quien bromea con que “el siguiente anuncio será que las V16 conectadas tampoco serán obligatorias en plazo” si la industria, los conductores o el marco técnico no están preparados. De momento, no hay cambios oficiales sobre esta obligación, pero la factura electrónica demuestra que ningún calendario tecnológico está escrito en piedra.

El patrón se repite: el Estado empuja hacia una digitalización acelerada, pero la realidad de pymes, autónomos y ciudadanos obliga a revisitar plazos y formas. La clave, en ambos casos, será encontrar el equilibrio entre control, seguridad y burocracia asumible.

¿Qué deberían hacer ahora pymes y autónomos?

Más allá del titular del aplazamiento, los expertos coinciden en un mensaje: usar el tiempo extra para prepararse, no para bajar la guardia.

• Revisar con asesorías y proveedores qué software de facturación se está utilizando.
• Valorar soluciones ya compatibles con los futuros estándares de factura electrónica y Verifactu.
• Formar al personal administrativo y contable en los nuevos procesos digitales.
• Aprovechar ayudas y deducciones ligadas a la digitalización cuando se abran convocatorias.

La gran paradoja es que la facturación electrónica, bien implantada, puede ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar el control financiero de los negocios. Pero si se gestiona a contrarreloj y sin acompañamiento, puede convertirse en un problema más.

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Preguntas frecuentes sobre la nueva fecha de la factura electrónica obligatoria

¿Cuándo será obligatoria la facturación electrónica para empresas en España?
Con el nuevo aplazamiento, la obligación general para empresas se traslada al 1 de enero de 2027, según el calendario que maneja el Ministerio de Hacienda. A partir de esa fecha, la facturación en formato electrónico será la norma en las relaciones B2B, con excepciones muy acotadas según se concrete en los reglamentos definitivos.

¿Desde cuándo será obligatoria la factura electrónica para autónomos?
Los trabajadores autónomos dispondrán de un margen adicional de seis meses respecto a las empresas. La fecha que se baraja es el 1 de julio de 2027, momento a partir del cual deberán emitir y recibir factura electrónica en sus relaciones con otras empresas y profesionales, de acuerdo con la Ley Crea y Crece y la normativa de desarrollo.

¿Qué es Verifactu y cómo afectará a pymes y autónomos cuando sea obligatorio?
Verifactu es el sistema de suministro inmediato de registros de facturación a la Agencia Tributaria mediante software de facturación verificado. En la práctica, obligará a que las facturas se generen con programas certificados que garanticen su integridad y eviten la manipulación de ventas. Para pymes y autónomos supondrá cambiar o adaptar sus aplicaciones de facturación, pero también dispondrán de un marco más claro para cumplir y evitar sanciones ligadas al uso de software de doble uso.

¿Es posible que la entrada en vigor de la facturación electrónica obligatoria se retrase otra vez?
Nadie en el Gobierno lo admite abiertamente, pero el aplazamiento a 2027 demuestra que el calendario puede moverse cuando la presión técnica, empresarial o política es suficientemente fuerte. Si la infraestructura tecnológica, el mercado de software y el tejido de pymes y autónomos no llegan preparados a las nuevas fechas, no puede descartarse un nuevo ajuste. Precisamente por eso, muchos asesores recomiendan utilizar este tiempo extra para avanzar en la digitalización y no esperar al último momento.