El reciente apagón eléctrico ha evidenciado la fragilidad de las redes móviles y fijas ante fallos prolongados de energía, pero también ha sacado a la luz un problema creciente y menos visible: el robo sistemático de baterías, cobre y equipos en torres de telecomunicaciones.

El apagón eléctrico que dejó sin luz a gran parte de España el pasado lunes 28 de abril también reveló un segundo apagón, igual de alarmante: el de las telecomunicaciones. En cuestión de horas, los usuarios quedaron incomunicados, sin telefonía móvil ni acceso a datos. La situación afectó no solo a los servicios básicos, sino a pagos electrónicos, mensajería instantánea e incluso sistemas de emergencia.

Si bien la caída inicial se debió a la interrupción masiva del suministro eléctrico —que alcanzó el 60 % del territorio nacional en menos de cinco segundos—, el restablecimiento de las comunicaciones se vio gravemente obstaculizado por otro factor cada vez más determinante: el robo de infraestructuras críticas en torres de comunicación.

Robos que debilitan el sistema

Durante el último año, los robos en infraestructuras de telecomunicaciones se han incrementado de forma preocupante. Según fuentes del sector, solo en 2024 se contabilizaron 4.433 robos de cableado de cobre y otros materiales conductores, lo que supone un aumento del 87 % respecto a 2019. Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad de Madrid concentran el mayor número de incidentes registrados.

Las bandas sustraen principalmente:

• Cables de cobre, por su valor en el mercado negro.
• Baterías de respaldo, de plomo-ácido o litio, esenciales para mantener las antenas activas durante cortes eléctricos.
• Equipos electrónicos (UPS, radios, módulos de transmisión).
• Paneles solares o generadores, en torres que operan con energía renovable.

La situación ha llevado a operadores como Movistar, Vodafone o MásOrange a establecer protocolos de emergencia que, en algunos casos, incluyen enterrar baterías de repuesto cerca de las torres para instalarlas solo en caso de necesidad urgente. «Las reparamos los martes y nos las vuelven a robar los sábados», explican técnicos del sector.

Infraestructuras sin respaldo suficiente

Durante el apagón, las estaciones base de móviles funcionaron con baterías de entre 2 y 4 horas de autonomía. Pero la saturación de llamadas y tráfico de datos aceleró su agotamiento. Hacia las 17:00 horas, la mayoría de las redes móviles estaban ya fuera de servicio.

Los operadores con mayor infraestructura de respaldo lograron mantener parte de sus servicios, pero las diferencias entre compañías y la falta de generadores en muchas torres provocaron una desconexión casi total en varias regiones, incluida Baleares, que tuvo que activar su Plan Territorial de Emergencias.

Un problema estructural: crimen organizado y falta de respuesta jurídica

Fuentes de seguridad alertan de la implicación de bandas organizadas, algunas de origen en Europa del Este, que operan de forma coordinada en el saqueo de infraestructuras públicas y privadas. Según estimaciones, estas redes manejan un mercado ilícito cercano a los 6.000 millones de euros.

Los delincuentes sustraen pequeños tramos de cable para evitar ser procesados penalmente —pues el valor unitario suele quedar por debajo del umbral que activaría la acción judicial inmediata—, y luego coordinan la recogida con vehículos que acumulan y exportan el material. Gran parte del cobre robado termina en mercados asiáticos como China, o incluso en países europeos que reutilizan los materiales en proyectos financiados por la propia Unión Europea.

El vacío normativo y la necesidad de una respuesta firme

La ausencia de un marco jurídico que reconozca el impacto sistémico de estos robos —que afectan a servicios críticos de comunicaciones, transporte y energía— ha llevado a las operadoras a reducir sus inversiones en respaldo energético por temor a pérdidas continuas. Esto, a su vez, debilita la capacidad de respuesta ante emergencias reales, como la vivida el 28 de abril.

El episodio también coincidió con el robo de cableado en una red del AVE, que provocó la interrupción de varios trenes. El ministro de Transportes calificó el incidente de sabotaje y denunció que, pese a que el cobre sustraído no superaba los 300 euros de valor, los daños ocasionados ascendían a cientos de miles de euros. Esta desconexión entre el daño real y el tratamiento jurídico del delito refleja una de las principales brechas que permiten la impunidad.

Hacia una estrategia nacional de protección de infraestructuras

El apagón y los robos han puesto de relieve la necesidad de articular un Plan Nacional de Resiliencia en Infraestructuras Críticas, que integre aspectos energéticos, tecnológicos y de seguridad. Las telecomunicaciones son ya parte esencial de la vida cotidiana y de la estructura del Estado, y no pueden depender únicamente de planes de contingencia fragmentarios o de la capacidad individual de las operadoras.

Frente al auge del crimen organizado, el aumento de ciberataques y los retos geopolíticos que afronta Europa, la protección física y jurídica de las redes de comunicación debe convertirse en una prioridad estratégica, equiparable a la ciberseguridad o a la defensa energética.

vía: Escudo Digital