Washington califica el contrato del Gobierno español como una amenaza para la seguridad de la OTAN y acusa a Huawei de ser un agente del régimen chino
La adjudicación por parte del Ministerio del Interior español de un contrato de más de 12,3 millones de euros a Huawei para la gestión y almacenamiento de interceptaciones judiciales ha desatado una fuerte reacción en Estados Unidos. La Comisión Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha emitido un duro comunicado advirtiendo que “España está jugando con fuego” al poner en manos de una empresa china la infraestructura crítica que gestiona escuchas legales de cuerpos como la UCO, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La noticia, revelada por medios estadounidenses y confirmada en una carta oficial publicada en el sitio intelligence.house.gov, ha motivado que el Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU. exijan a Tulsi Gabbard, actual directora nacional de Inteligencia bajo la presidencia de Donald Trump, la revisión inmediata de todos los acuerdos de intercambio de información con España. El motivo: el riesgo de que datos clasificados estadounidenses y de la OTAN acaben en manos del Partido Comunista Chino (PCCh).
Un contrato con consecuencias geopolíticas
El contrato en cuestión incluye la provisión de servidores OceanStor 6800 V5 de Huawei y otros sistemas de almacenamiento y gestión para grabaciones de interceptaciones judiciales. La empresa china lleva años siendo contratista del Estado español en este ámbito, pero este nuevo contrato ha despertado la preocupación del Congreso estadounidense debido al contexto geoestratégico actual.
Rick Crawford, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, calificó la decisión española como “casi inimaginable”, y señaló que Huawei, al estar sujeta a las leyes de inteligencia de China, tiene la obligación de colaborar con el régimen de Pekín, lo que convierte su presencia en sistemas de interceptación en una potencial vía de espionaje internacional.
“España ha hecho a sus ciudadanos vulnerables y ha puesto en riesgo la seguridad de sus aliados en todo el mundo”, denunció Crawford.
¿Soberanía en entredicho?
España, miembro de la OTAN y aliado tradicional de EE.UU., podría ver cuestionada su participación en los programas conjuntos de intercambio de inteligencia, si desde Washington se concluye que el riesgo de filtración a actores hostiles como el PCCh es significativo.
La polémica también ha puesto el foco sobre figuras del PSOE vinculadas indirectamente a Huawei. José Blanco, exministro socialista y actual dirigente de la consultora Acento, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, han sido señalados en informes como interlocutores habituales con la compañía china en Europa, aunque sin que haya evidencias penales que los impliquen en los contratos.
Huawei y el largo brazo de Pekín
Huawei permanece en la lista negra de proveedores vetados por EE.UU., tanto por razones de seguridad nacional como por su rol en la expansión global del llamado “modelo de vigilancia chino”. Washington considera que su creciente presencia en infraestructuras críticas en países aliados representa una “victoria geopolítica” del Gobierno chino y ha reiterado que la comunidad internacional debe actuar unida para frenar esta influencia.
Aunque el Gobierno español no se ha pronunciado oficialmente tras las declaraciones de Washington, fuentes diplomáticas consultadas admiten que la tensión con Estados Unidos es real y que podría haber consecuencias si no se revisa el contrato con Huawei o no se implementan salvaguardas técnicas adicionales.
Impacto en la cooperación internacional
La decisión de adjudicar a Huawei tareas vinculadas a la seguridad nacional pone a prueba la confianza mutua entre socios estratégicos. En un contexto global marcado por la creciente competencia tecnológica y militar entre EE.UU. y China, la neutralidad europea —y en particular la española— se vuelve cada vez más insostenible.
Para Estados Unidos, el control del flujo de información crítica es más que un asunto técnico: es una cuestión de lealtades. Y España, con este movimiento, parece haber cruzado una línea roja.
