Cloudflare ha elevado el tono. La compañía estadounidense, uno de los grandes proveedores mundiales de CDN y mitigación de ataques DDoS, ha remitido un escrito a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para que, en el marco del Informe Nacional de Estimaciones Comerciales 2026, clasifique como “barreras al comercio digital” ciertas prácticas y marcos regulatorios que, a su juicio, rompen la conectividad y dañan a empresas legítimas. Entre los países citados, España aparece con nombre y apellidos.
El núcleo de la queja es conocido por los operadores de red: bloqueos de IP ordenados por tribunales para combatir la piratería que, al ejecutarse sobre direcciones compartidas por múltiples servicios detrás de Cloudflare, arrastran a webs y aplicaciones legítimas. Traducido al día a día: si una dirección IP se emplea para proteger varias propiedades, bloquearla para tumbar una página que emite fútbol sin permiso también deja inaccesibles —sin distinción— sitios institucionales, comercios o startups que nada tienen que ver con la disputa.
España, en el punto de mira: órdenes “ex parte” y sin derecho a réplica
En su presentación, Cloudflare sostiene que en España “los tribunales han ordenado bloqueos de IP que afectan a servicios legítimos operados por empresas estadounidenses” y que esas órdenes se dictan a menudo ex parte: sin notificación previa a las partes afectadas ni oportunidad para impugnar o acotar el alcance. El resultado, dice la empresa, es incertidumbre jurídica y riesgos para proveedores estadounidenses que operan en nuestro país.
El trasfondo es complejo. Desde hace años, las ligas deportivas y otras entidades de derechos han logrado medidas cautelares para bloquear dominios, DNS y rutas IP asociados a retransmisiones no autorizadas. La lógica de esas órdenes —“corta rápido, ya depuraremos errores”— choca con la arquitectura de un Internet en el que comparten infraestructura miles de servicios. IP compartidas, anycast, reverse proxies y técnicas habituales de seguridad hacen que cortar “a bisturí” sea más difícil de lo que parece sobre el papel.
Qué pide Cloudflare a Washington (y al resto de capitales)
La compañía solicita a la USTR que reconozca oficialmente estas prácticas como barreras comerciales digitales, al nivel de aranceles u otras restricciones tradicionales, y que las incorpore a la diplomacia económica de Estados Unidos. En concreto, propone:
- Un estándar internacional de “debido proceso digital”: notificación previa, derecho de defensa y apelación antes de ejecutar bloqueos que afecten a infraestructuras compartidas.
- Evitar reclasificar a los CDN como “operadoras” de telecomunicaciones, un cambio regulatorio que —argumenta— encarecería el servicio (licencias, tasas, obligaciones de red) sin resolver el problema de fondo.
- Revisar políticas locales “discriminatorias” que fragmentan la red y aíslan a proveedores por país o región, con la consiguiente pérdida de eficiencia global.
En el mismo escrito, Cloudflare menciona prácticas similares en Francia, Italia, Japón y Corea del Sur, además de referencias al marco comunitario europeo. España, no obstante, aparece como caso paradigmático por la combinación de órdenes amplias, tramitación rápida y ausencia de contradicción previa.
Una colisión de objetivos: derechos, seguridad… y continuidad de servicio
Conviene reconocer que aquí chocan intereses legítimos. Las ligas deportivas, productoras y titulares de derechos presionan para cortar señales ilícitas que brotan por todas partes; los operadores y CDN reclaman herramientas que permitan evitar daños colaterales a quienes comparten infraestructura; y los jueces se mueven entre urgencias (los partidos se juegan en directo) y garantías que, a menudo, chocan con la realidad técnica.
La fotografía, como siempre, es más gris que blanco o negro. Algunos bloqueos han demostrado eficacia para frenar emisiones pirata en ventanas concretas; otros han provocado apagones involuntarios de servicios críticos, con quejas de administraciones, empresas y usuarios. Lo que Cloudflare pone sobre la mesa es una invitación a revisar el procedimiento: más precisión quirúrgica, menos impacto colateral.
¿Hay alternativa técnica? Sí, pero no es gratis
Desde el punto de vista de ingeniería, existen vías para afinar medidas:
- Bloqueos a nivel de DNS o SNI cuando sea viable, en lugar de cortar IP completas compartidas por docenas de servicios.
- Listas dinámicas y de corta duración, ligadas a eventos (por ejemplo, partidos) y con mecanismos rápidos de exclusión si se constata daño colateral.
- Ventanas de prueba y comunicación previa con proveedores de infraestructura para identificar rutas alternativas o IPs dedicadas antes de ejecutar una orden.
Todo ello requiere cooperación rápida entre titulares de derechos, operadores, CDN y autoridades. Y sí, implica costes y procedimientos que a veces se perciben como freno. La disyuntiva de fondo es si preferimos bloqueos amplios y veloces, con daños colaterales, o bloqueos precisos y garantistas, que exigen más coordinación. Cloudflare, como era de esperar, se decanta por lo segundo.
La diplomacia del “debido proceso” digital
El paso de Cloudflare —llevar el asunto al capítulo comercial de la relación entre Estados Unidos y sus aliados— apunta a una nueva capa del debate: la de normas de procedimiento. Igual que en otros sectores se negocian estándares sobre privacidad, ciberseguridad o transferencias internacionales de datos, la compañía busca que exista un mínimo común para órdenes de bloqueo que afecten a infraestructuras compartidas.
¿Es realista? Lo veremos. La Comisión Europea ha ido endureciendo el marco contra la piratería a la vez que impulsa la neutralidad de la red y el DSA; los Estados miembros también se mueven en ese equilibrio inestable. En España, el marco judicial y los poderes de la Sección Segunda (Propiedad Intelectual) han dado herramientas a titulares de derechos para pedir bloqueos “dinámicos”. El reto, a partir de aquí, será encajar la protección de contenidos con el principio de proporcionalidad cuando hay infraestructura compartida por medio.
En qué lugar deja esto a España (y qué podría cambiar)
Quede claro: no hay acusación de “mala fe” al Gobierno español en la carta de Cloudflare. Sí hay un señalamiento del procedimiento: órdenes ex parte, sin aviso a terceros afectados y con escaso margen para limitar el alcance. Si la USTR recoge el guante, el asunto podría escalar a la mesa diplomática y abrir una conversación técnica y jurídica: ¿cómo minimizar daño colateral? ¿cuándo y cómo se notifica a un CDN para que proponga alternativas? ¿qué métricas (alcance, duración, reversión) se exigen a las órdenes?
Mientras tanto, la operativa seguirá donde ha estado estos años: en juzgados que firman órdenes, operadoras que las ejecutan y proveedores que tratan de blindar a sus clientes. Con más vigilancia pública —eso sí— sobre los efectos colaterales.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un bloqueo “ex parte” y por qué importa?
Es una orden judicial dictada sin audiencia previa de la parte afectada. En entornos de piratería, se usa para reaccionar rápido. El problema, según Cloudflare, es que así no hay margen para evitar que el bloqueo arrastre a servicios legítimos que comparten infraestructura.
¿Por qué una IP de Cloudflare puede afectar a decenas de webs?
Porque los CDN agrupan tráfico detrás de direcciones IP compartidas, con reverse proxies y anycast. Bloquear esa IP como si correspondiera a una sola web corta el acceso a todas las propiedades detrás.
¿Cloudflare pide que no se bloquee nada?
No. Pide debido proceso (notificación, defensa, apelación), proporcionalidad y precisión técnica: que se intente bloquear lo mínimo imprescindible y que exista una vía rápida para revertir errores.
¿Qué países señala además de España?
En su escrito, la compañía menciona Francia, Italia, Japón y Corea del Sur, además de apuntes sobre el marco de la Unión Europea, como ejemplos de prácticas que, a su juicio, actúan como barreras comerciales digitales.
