--- title: "SpainDC alerta de que el Real Decreto puede frenar la inversión en centros de datos" description: "SpainDC ha presentado sus alegaciones al proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética , medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos en..." url: https://revistacloud.com/spaindc-alerta-de-que-el-real-decreto-puede-frenar-la-inversion-en-centros-de-datos/ date: 2026-09-13 modified: 2026-09-13 author: "Noticias Cloud" image: https://revistacloud.com/wp-content/uploads/2026/09/nuevo-real-decreto-centro-datos-espana-revistacloud.jpg categories: ["Noticias"] tags: ["Centros de datos", "españa"] type: post lang: es --- # SpainDC alerta de que el Real Decreto puede frenar la inversión en centros de datos SpainDC ha presentado sus alegaciones al [proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética](https://revistacloud.com/el-sector-rechaza-el-rd-de-centros-de-datos-por-sus-exigencias-renovables/), medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos en España. La asociación pide una revisión profunda del texto y sostiene que, si se aprueba con las condiciones actuales, **entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión que podría elegir España como destino estaría en riesgo**. La cifra no significa que vaya a desaparecer ese porcentaje de los 66.900 millones de euros previstos hasta 2030: son estimaciones diferentes que conviene separar. **Las claves de las alegaciones de SpainDC en 20 segundos** - SpainDC considera que el proyecto introduce requisitos difíciles de cumplir y genera inseguridad para inversiones ya comprometidas. - La asociación sitúa entre el 80 % y el 90 % la nueva inversión potencialmente en riesgo. - El Gobierno exige, entre otras condiciones, un 80 % de suministro renovable con adicionalidad y correlación horaria. - El periodo de audiencia pública terminó el 10/09/2026. El enfrentamiento no está en el objetivo general de mejorar la eficiencia de los centros de datos. Tanto el Gobierno como la industria defienden un crecimiento compatible con las renovables y un uso eficiente de energía y agua. La discrepancia está en **hasta dónde deben llegar las condiciones, cuándo deben aplicarse y qué ocurre con proyectos que ya habían iniciado su tramitación bajo otro marco**. El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, defendió durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que el debate supera al propio sector. Según su posición, afecta a la inversión industrial y a la capacidad de España para alojar la infraestructura digital que necesitarán servicios cloud e inteligencia artificial. Díaz aseguró además que tres asociados estarían dispuestos a interrumpir sus inversiones en España si el Real Decreto se aprueba en sus términos actuales. Es una advertencia de la asociación y no equivale todavía a tres cancelaciones formalmente anunciadas. ## El 80 % de renovables hora a hora está en el centro de la disputa El Gobierno abrió el 27 de agosto el trámite de audiencia e información pública del proyecto. Aunque inicialmente debía finalizar el 4 de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) amplió el plazo hasta el 10 de septiembre a las 17:00. La propuesta afecta con carácter general a los centros de datos con **una potencia de acceso igual o superior a 1 MW**. Para determinadas obligaciones de información y publicidad se establece un umbral diferente, de 500 kW de potencia de tecnologías de la información (TI). Uno de los puntos que más discusión ha generado es el suministro eléctrico. Mientras las renovables no superen el 90 % del mix eléctrico, el proyecto plantea que los centros afectados acrediten que **al menos el 80 % de su consumo procede de nueva generación renovable**. No bastaría con contratar cualquier energía renovable disponible. La propuesta incorpora dos condiciones especialmente exigentes: adicionalidad y correlación horaria. La adicionalidad implica que el nuevo consumo debe estar acompañado por nueva capacidad renovable. Según la explicación publicada por MITECO, cada nuevo megavatio consumido tendría que asociarse a un nuevo megavatio renovable instalado dentro de los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, mediante autoconsumo o instrumentos de cobertura a plazo como los PPA (*Power Purchase Agreements*). La correlación horaria añade otra condición: el cumplimiento debe acreditarse **hora a hora**. En cada hora de funcionamiento, al menos el 80 % de la electricidad consumida tendría que corresponder a energía renovable producida durante esa misma hora. | Requisito del proyecto | Planteamiento | | --- | --- | | Ámbito general | Centros de datos desde 1 MW de potencia de acceso | | Información y publicidad | Desde 500 kW de potencia TI | | Cobertura renovable | Mínimo del 80 % mientras las renovables no superen el 90 % del mix | | Adicionalidad | Nueva demanda asociada a nueva generación renovable | | Correlación | Acreditación hora a hora | | Eficiencia energética transitoria | PUE máximo de 1,15 | | Eficiencia hídrica transitoria | WUE máximo de 0,1 | | Proyectos en tramitación | Periodo de adaptación previsto en el proyecto | El Gobierno justifica estas condiciones por el fuerte aumento de solicitudes de conexión. Según MITECO, desde finales de 2023 el gestor de la red de transporte ha concedido **más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos**. En las redes de distribución se habrían concedido alrededor de otros 6 GW desde 2020. Eso tampoco significa que España tenga 12 GW de centros de datos construidos o en funcionamiento. Son capacidades de acceso concedidas y no potencia TI instalada. La Administración considera que atender toda la demanda solicitada puede exigir importantes inversiones en la red eléctrica y competir con otros procesos de electrificación industrial, residencial y del transporte. ## 66.900 millones no son lo mismo que el 80 % de inversión en riesgo Las cifras manejadas durante los últimos días necesitan una explicación porque pueden conducir fácilmente a una interpretación equivocada. El Informe Anual 2025 de SpainDC, elaborado con Pb7 Research y presentado en marzo, calculaba que España podría movilizar **66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030** si el mercado mantenía su evolución prevista. El mismo informe analizaba un escenario restrictivo en el que esa inversión podía reducirse un 36 %. Tras conocer el proyecto de Real Decreto, SpainDC considera que aquel escenario restrictivo podría haberse quedado corto. La asociación ha elevado ahora su advertencia y estima que **entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión susceptible de escoger España como destino podría estar en riesgo**. No son magnitudes directamente intercambiables. No puede calcularse simplemente el 80 % de 66.900 millones y afirmar que España perderá 53.520 millones de euros. Los 66.900 millones representan una estimación acumulada de inversión directa e indirecta bajo un escenario de continuidad, mientras que el porcentaje del 80 %-90 % se refiere, según SpainDC, a **nueva inversión que todavía puede decidir dónde instalarse**. La propia asociación había cuantificado anteriormente en un 36 % la reducción correspondiente a su escenario restrictivo. Esa distinción permite interpretar mejor la advertencia sin convertir una previsión sectorial en una cifra de cancelaciones confirmadas. Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, ha endurecido el mensaje tras analizar el proyecto. Según explicó en la rueda de prensa, la suma de restricciones y obligaciones puede funcionar, a juicio de la asociación, como una prohibición de facto para determinados nuevos desarrollos. Villacís sostiene también que algunos de los requisitos no pueden cumplirse simultáneamente con la tecnología y disponibilidad energética actuales. El sector mantiene, sin embargo, abierta la posibilidad de negociar cambios con el Ministerio. ## La disputa también alcanza a los proyectos que ya estaban en marcha Otro de los puntos sensibles es qué sucede con inversiones iniciadas antes de conocerse el nuevo marco. El proyecto establece un régimen transitorio para determinadas instalaciones en tramitación. MITECO explicó al presentar la norma que los proyectos tendrían seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento, con un periodo de tres meses en determinados casos relacionados con concursos de acceso a la red. Para SpainDC, aplicar nuevas condiciones a proyectos que tomaron decisiones de inversión bajo reglas anteriores genera inseguridad jurídica. La asociación advierte incluso de posibles reclamaciones por parte de inversores internacionales. De nuevo, se trata de un riesgo planteado por SpainDC: no consta que exista una cuantificación oficial de eventuales indemnizaciones ni que se hayan producido ya reclamaciones por la aprobación definitiva de una norma que todavía está en tramitación. Villacís también ha señalado que las condiciones propuestas podrían afectar a proyectos relacionados con inteligencia artificial y sostiene que incluso la candidatura española para albergar una gigafactoría europea de IA tendría dificultades para cumplir todas las exigencias. La cuestión tiene especial importancia porque el propio Gobierno considera los centros de datos infraestructura necesaria para su estrategia de inteligencia artificial y soberanía digital. La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 contempla aumentar la capacidad de computación disponible en España, mientras que el proyecto regulatorio pretende que esa expansión no comprometa la red eléctrica, el agua o los objetivos de descarbonización. Ahí aparece una de las contradicciones que deberá resolver el texto definitivo: **España quiere atraer mucha más capacidad de computación, pero también quiere establecer condiciones energéticas más exigentes para decidir qué proyectos pueden conectarse a la red**. El Gobierno defiende que disponer de abundante generación renovable permite seleccionar proyectos eficientes y evitar que el aumento de demanda termine trasladando costes al resto de consumidores. SpainDC responde que unas condiciones demasiado difíciles de cumplir pueden provocar que esa capacidad termine construyéndose en otros países europeos. La discusión continuará ahora fuera del periodo formal de alegaciones. El trámite de audiencia pública está cerrado, pero el documento publicado el 27 de agosto sigue siendo un **proyecto de Real Decreto**, no una norma definitivamente aprobada. El texto puede modificarse antes de llegar al Consejo de Ministros. Y esa diferencia resulta especialmente importante en un debate donde ya se manejan miles de megavatios y decenas de miles de millones de euros: las exigencias energéticas son propuestas regulatorias y las inversiones en riesgo son estimaciones del sector. Ninguna de las dos debe presentarse todavía como un resultado consumado.