--- title: "España endurece las reglas para los centros de datos y el sector pide cambios" description: "El Gobierno ha cerrado el plazo de alegaciones al proyecto de Real Decreto que pretende regular los nuevos centros de datos en España con requisitos de sostenibilidad energética, consumo de agua, resi..." url: https://revistacloud.com/espana-endurece-las-reglas-para-los-centros-de-datos-y-el-sector-pide-cambios/ date: 2026-09-11 modified: 2026-09-11 author: "Noticias Cloud" image: https://revistacloud.com/wp-content/uploads/2026/09/spain-data-center-energy.jpg categories: ["Noticias"] tags: ["Centros de datos", "españa"] type: post lang: es --- # España endurece las reglas para los centros de datos y el sector pide cambios El Gobierno ha cerrado el plazo de alegaciones al proyecto de Real Decreto que pretende regular los nuevos centros de datos en España con requisitos de sostenibilidad energética, consumo de agua, resiliencia y soberanía digital. La propuesta afecta principalmente a instalaciones con **1 MW o más de potencia de acceso** y ha provocado una fuerte reacción del sector, que cuestiona especialmente la obligación de respaldar con nueva generación renovable el 80 % del consumo eléctrico con correlación horaria. Raquel Figueruelo, responsable de Marketing, Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Alto Infrastructure, [sostiene que las condiciones planteadas](https://www.linkedin.com/posts/raquelfigueruelo_alegaciones-datacenters-espaaeha-share-7503841612926525441-VSpO/) colocarían a España entre los mercados más restrictivos de la Unión Europea para estas infraestructuras. **Las claves de la regulación de centros de datos en 20 segundos** - El periodo de alegaciones terminó el 10/09/2026 tras una ampliación del plazo inicial. - El proyecto afecta principalmente a centros con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. - Propone respaldar con nueva generación renovable el 80 % del consumo con correlación horaria. - Operadores e inversores cuestionan el impacto de las exigencias sobre nuevos proyectos. - El Gobierno defiende la regulación para proteger la red, los precios eléctricos y la soberanía digital. No se trata todavía de una norma aprobada. El texto se encuentra en tramitación y puede cambiar después de las alegaciones. De hecho, el Gobierno ya ha trasladado su disposición a revisar algunos requisitos si puede mantener el objetivo de evitar que el crecimiento de estas infraestructuras termine elevando los costes eléctricos para otros consumidores. La discusión llega además en un momento de fuerte demanda de capacidad eléctrica. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), desde finales de 2023 el gestor de la red de transporte ha concedido a centros de datos **más de 6 GW de capacidad de acceso**, a los que se suman alrededor de otros 6 GW otorgados en las redes de distribución desde 2020. El propio Gobierno reconoce al mismo tiempo que los centros de datos son infraestructuras necesarias para la digitalización y que España cuenta con condiciones favorables para atraerlas. La discrepancia está, por tanto, en cómo ordenar ese crecimiento y qué obligaciones deben asumir los nuevos proyectos. ## El 80 % renovable hora a hora concentra buena parte de las críticas Uno de los puntos que más oposición ha generado es el energético. El proyecto establece requisitos de **adicionalidad y correlación horaria** para la energía renovable. El Gobierno plantea que los centros de datos respalden con nueva generación renovable el 80 % de su consumo en cada hora de funcionamiento. La diferencia con contratar anualmente electricidad renovable es importante. Un centro de datos funciona las 24 horas. Una instalación solar, por ejemplo, concentra su producción durante determinadas horas del día. Una empresa puede consumir y producir cantidades equivalentes de energía renovable a lo largo de un año y, aun así, necesitar electricidad procedente de otras fuentes durante numerosas horas. La correlación horaria pretende precisamente reducir esa diferencia. El Ejecutivo argumenta que la demanda de los centros de datos es esencialmente plana y que un crecimiento muy rápido, sin nueva generación asociada y suficiente capacidad firme, podría incrementar la utilización de gas en determinadas horas y presionar el precio del mercado eléctrico. El sector cuestiona que las condiciones propuestas sean la forma adecuada de resolver ese problema. Raquel Figueruelo ha explicado en LinkedIn que Alto Infrastructure ha presentado alegaciones después de analizar la propuesta y compararla con otros marcos regulatorios europeos. Según su valoración, las condiciones planteadas situarían a España entre los países de la UE con mayores restricciones para los centros de datos. Figueruelo también rechaza el argumento de que limitar estas infraestructuras sea necesario para contener el precio de la electricidad. En su publicación sostiene que España ya está desaprovechando generación renovable y señala que durante el primer semestre de 2026 se habría vertido más energía limpia que durante todo 2024. Su razonamiento es que el problema no reside únicamente en la disponibilidad de generación renovable, sino en la capacidad para integrarla y aprovecharla. Esta interpretación representa la posición expresada por la directiva y no invalida por sí sola el argumento del Gobierno. Los vertidos renovables en determinadas horas pueden coexistir con situaciones de menor generación renovable en otras franjas. Precisamente por eso la correlación horaria se ha convertido en uno de los elementos centrales de la discusión técnica. ## Desde 1 MW y con obligaciones adicionales desde 500 kW de TI El proyecto utiliza la **potencia de acceso a la red eléctrica**, y no exclusivamente la potencia informática instalada, para establecer su principal ámbito de aplicación. Las obligaciones generales se aplicarán a centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Cuando existan varios centros de la misma titularidad en una misma ubicación, la propuesta contempla su consideración conjunta. Hay además obligaciones de información y publicidad desde los **500 kW de potencia de tecnologías de la información (TI)**, en línea con el ámbito establecido por el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. | Área | Propuesta del Real Decreto | | --- | --- | | Ámbito principal | Centros desde 1 MW de potencia de acceso | | Información y publicidad | Desde 500 kW de potencia TI | | Electricidad renovable | 80 % con adicionalidad y correlación horaria | | Agua | Requisitos de eficiencia y seguimiento | | Energía | Indicadores de eficiencia y consumo | | Datos operativos | Permanencia en territorio de la UE bajo las condiciones previstas | | Operador | Establecimiento en la Unión Europea | | Terceros países | Control y trazabilidad de determinados accesos y soporte | | Red eléctrica | Cumplimiento vinculado a permisos de acceso y conexión | El proyecto introduce así otra dimensión que va bastante más allá del consumo eléctrico: la **soberanía digital**. Antes de poner en explotación el centro, el operador deberá presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos. Entre las condiciones planteadas figura que la entidad esté establecida en la Unión Europea y que permanezcan en territorio comunitario los datos operativos que estén bajo su control. También se contemplan medidas de trazabilidad sobre soporte prestado desde terceros países, supervisión de subcontratistas directos y actuaciones frente a solicitudes de acceso o transferencia de datos procedentes de autoridades extranjeras que resulten incompatibles con el Derecho aplicable. No significa que el proyecto obligue genéricamente a que **todos los datos almacenados por todos los clientes de un centro permanezcan en España**. El texto delimita estas obligaciones a los elementos sometidos al control directo o contractual de la entidad obligada y habla específicamente de determinados datos operativos dentro de la UE. ## El sector teme perder inversiones frente a otros países europeos Las críticas no proceden únicamente de Alto Infrastructure. Distintos operadores, inversores y asociaciones han presentado alegaciones durante el proceso. Según la información publicada tras finalizar el plazo, el Gobierno ha recibido más de un centenar de aportaciones. Spain DC ha advertido de que el marco planteado podría afectar a una parte de los cerca de **67.000 millones de euros de inversión** que el sector prevé para España entre 2026 y 2030. La asociación ha llegado a situar en riesgo hasta un 36 % de esa inversión si el texto se mantiene en los términos inicialmente planteados. Son estimaciones del propio sector y no proyectos cuya cancelación esté confirmada. El debate tampoco puede reducirse a elegir entre construir centros de datos o proteger la red eléctrica. El recurso escaso que intenta ordenar el Gobierno es precisamente la capacidad de acceso. MITECO compara los permisos concedidos con las previsiones de despliegue. La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 proyectaba alrededor de **2,5 GW de potencia de computación en 2030**, equivalentes según el Ministerio a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Frente a ello, las capacidades de acceso concedidas en transporte y distribución suman ya magnitudes muy superiores, aunque una concesión de acceso no implica necesariamente que el proyecto termine construyéndose. El Ejecutivo quiere utilizar los nuevos criterios para distinguir proyectos que considera firmes y compatibles con sus objetivos energéticos de otros que podrían reservar capacidad sin llegar a materializarse. ## Alto Infrastructure defiende el impacto local de los centros de datos Figueruelo introduce además otro argumento en sus alegaciones públicas: el impacto territorial. La directiva de Alto Infrastructure rechaza que la oposición social deba darse por supuesta y defiende que este tipo de instalaciones puede generar actividad económica en zonas con menor población. En su publicación sostiene que proyectos como los desarrollados por su compañía pueden generar empleo, establecer acuerdos con centros educativos y universidades y aprovechar recursos renovables disponibles en zonas rurales. Su posición queda resumida en una frase de su publicación: **“La verdadera oposición social no está en que lleguemos. Está en que no vayamos”**. También reclama que la regulación se concentre en problemas demostrables y no en efectos que todavía no se han producido. Figueruelo defiende una regulación exigente, pero considera que el texto presentado puede terminar perjudicando precisamente la inversión que pretende ordenar. El Gobierno parte de una lectura diferente. MITECO considera que la escala de las solicitudes justifica anticiparse porque atender toda la capacidad solicitada obligaría a destinar una parte relevante de las inversiones previstas en la red eléctrica a estas infraestructuras. Las dos posiciones coinciden al menos en algo: España dispone de una oportunidad importante alrededor de la infraestructura digital y la energía renovable. La discrepancia está en **qué condiciones deben imponerse para aprovecharla y quién debe asumir el coste de adaptar el sistema eléctrico al crecimiento de la demanda**. El cierre de las alegaciones del 10 de septiembre abre ahora una nueva fase. El Gobierno tendrá que estudiar las aportaciones y decidir cuánto mantiene del proyecto inicial. La diferencia puede ser importante. Si conserva la correlación horaria del 80 %, los requisitos de acceso y las condiciones de soberanía prácticamente sin cambios, España contará con un marco particularmente exigente para los nuevos centros de datos. Si introduce modificaciones sustanciales después de escuchar al sector, el texto que llegue finalmente al Consejo de Ministros podría ser bastante diferente del que ha provocado la actual contestación.